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El Supremo condena a la DGA a pagar un millón de euros por el fallido vertedero de Huesca

El proyecto quedó bloqueado en su día por la oposición vecinal y política. El TSJA ya falló a favor de la empresa en 2015.

Oposición política y vecinal. La concesionaria del vertedero de residuos industriales no peligrosos de Huesca adquirió, con el visto bueno de la Administración, unas 25 hectáreas situadas a 1,5 kilómetros del barrio pedáneo de Cuarte -en la fotografía- en
La concesionaria del vertedero de residuos industriales no peligrosos de Huesca adquirió, con el visto bueno de la Administración, unas 25 hectáreas situadas a 1,5 kilómetros del barrio pedáneo de Cuarte.
Rafael Gobantes

El Tribunal Supremo ha condenado al Gobierno de Aragón a indemnizar con 925.907 euros más intereses a la concesionaria del fallido vertedero de residuos industriales no peligrosos de Huesca que nunca se llegó a construir por la oposición tanto vecinal como política a su emplazamiento original en el núcleo pedáneo de Cuarte.

El Supremo ha rechazado de esta forma el recurso de casación que interpuso el Gobierno de Aragón tras la primera sentencia en su contra dictada en 2015 por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que condenó a la DGA a rescindir el contrato por una "causa imputable" a la Administración y a pagar cerca de un millón de euros a la empresa Ecoparque Huesca, formada al 50% por el grupo aragonés Mariano López Navarro (MLN) y el catalán Comsa. Esta llegó a adquirir por más de 633.000 euros unas 25 hectáreas de terreno situadas a un kilómetro y medio de Cuarte y a una distancia similar de Banariés, dos de los barrios pedáneos de la capital oscense.

La concesionaria reclamó la resolución del contrato original que le fue adjudicado en 2008 por el entonces Gobierno PSOE-PAR para la gestión de los residuos sólidos industriales de parte de la provincia por 25 años, pero le fue denegada inicialmente por la consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en 2013. La empresa renunció al proyecto después de que el Ayuntamiento de Huesca rechazara la ubicación del vertedero en Cuarte. Una postura que fue vinculante para que el Inaga rechazara la autorización ambiental del proyecto.

Para intentar desbloquear el proyecto, en 2011 se firmó un convenio entre el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento, el Consorcio de Residuos de Huesca y la concesionaria para ubicar el vertedero en otros terrenos cedidos por el consistorio oscense en Fornillos, junto al vertedero urbano, pero nunca se hizo efectivo ya que fue denunciado por la propia empresa al expirar el período de vigencia de 10 meses.

La concesionaria presentó entonces un contencioso contra la DGA para rescindir el contrato y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón le dio la razón argumentando que Ecoparque Huesca no pudo cumplir con sus obligaciones "porque no ha llegado a saber en ningún momento, ante la negativa mantenida por el Ayuntamiento de Huesca a la instalación del vertedero en los terrenos de su propiedad aportados, la ubicación del mismo".

"Un cambio de condiciones radical que es ajeno a la voluntad de la concesionaria, razón por la que difícilmente podrá pechar ahora con las consecuencias del mismo", dijo el TSJA. E insistió en que "no es responsabilidad de la contratista la no ejecución del contrato, como no fue la inejecución del convenio de colaboración de 2011, denunciado 14 meses después de su firma".

Dudas sobre la indemnización

La DGA recurrió ante el Supremo pidiendo que revocara el fallo o al menos que se redujera el importe indemnizatorio alegando, en este caso, que suponía una doble compensación por unas parcelas que quedaban en poder de la empresa concesionaria. Además, defendió que el pronunciamiento negativo por parte del Ayuntamiento no era vinculante.

El Supremo ratifica los argumentos expuestos en su día por el TSJA, aunque también admite que existen dudas sobre si hay que descontar o no de la indemnización los 633.850.70 euros que pagó la concesionaria por la compra de las parcelas ya que el pronunciamiento que hizo el TSJA sobre la titularidad de estos terrenos "no fue del todo clara". Con todo, deriva la resolución de este asunto al proceso de ejecución. Finalmente, condena en costas al Gobierno de Aragón con un límite de 4.000 euros más IVA.

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