El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) acaba de condenar a la DGA a indemnizar con 925.907 euros más intereses a la concesionaria del fallido vertedero industrial de Huesca, bloqueado desde hace dos legislaturas por la oposición vecinal y municipal a su emplazamiento.

La sentencia obliga igualmente a rescindir el contrato como reclamaba la entidad Ecoparque Huesca, constituida a partes iguales por el grupo aragonés MLN y el catalán Comsa, por "causa imputable a la Administración". De este modo, la provincia oscense será la única de Aragón que seguirá sin contar con un vertedero para sus residuos industriales no peligrosos cuando han transcurrido ocho años de la adjudicación efectuada por el Gobierno PSOE-PAR, que debía alargarse un cuarto de siglo. Como partes codemandadas también figuran el Ayuntamiento de Huesca y la agrupación que gestiona los residuos urbanos de la Hoya de Huesca, Alto Gállego y Jacetania. La DGA no quiso ayer hacer valoraciones del fallo, que no es firme y podría recurrirlo ante el Tribunal Supremo.

La concesionaria va a solicitar ahora su ejecución con el objetivo de cobrar la indemnización y mantener la titularidad sobre las fincas que tuvo que comprar en su día para el proyecto fallido: unas 25 hectáreas situadas a un kilómetro y medio de Cuarte y a una distancia similar de Banariés, dos de los barrios pedáneos de la capital oscense.

El origen del problema está en el rechazo frontal de los vecinos y del propio Ayuntamiento de Huesca al emplazamiento del vertedero. Sin embargo, el Consistorio no llegó a poner reparos legales en un principio a la ubicación pese a haber aprobado una alternativa con antelación al fallo del concurso, que se remonta a septiembre de 2008. "Llama la atención", destaca el fallo antes de evidenciar que tampoco salió adelante la localización alternativa en Fornillos, propuesta por el equipo municipal y a la que se avino la empresa.

El TSJA recuerda que el pliego de condiciones del concurso obligaba a los licitadores a aportar los terrenos, lo que llevó a Ecoparque Huesca SA a adquirir por más de 633.000 euros unas fincas de Cuarte. Para ello, debía justificar su idoneidad y la compatibilidad urbanística, "mediante las correspondientes certificaciones del Ayuntamiento de Huesca". Tras ganar la convocatoria, redactó el proyecto de construcción y lo presentó al Inaga para obtener la preceptiva autorización ambiental, pero entonces el Ayuntamiento se opuso al emplazamiento del vertedero, cuya postura era vinculante.

Ante el bloqueo, se negoció una ubicación alternativa y se llegó a firmar un convenio en marzo de 2011 entre la concesionaria, las administraciones y el consorcio de residuos de Huesca. Dicho acuerdo establecía la cesión de parte de los terrenos de Fornillos donde se ubica el vertedero urbano para el industrial, pero tampoco se cumplió. Pasados los diez meses de vigencia del acuerdo, la concesionaria solicitó la resolución, a lo que se opuso la DGA. La sentencia del TSJA incide en que el contrato "ha dejado de tener ya sentido" y que se había producido un "claro desequilibrio económico en el contrato" de cuya responsabilidad es solo achacable a la Administración. Así, destaca el "cambio radical" que suponía, ajeno a la voluntad del contratista, por lo que "difícilmente podrá pechar con las consecuencias".