Aragón no solo ve cuestionada la propiedad de las 111 obras de las parroquias en el juicio civil celebrado en Barbastro, cuando hasta ahora había sido reconocida por todos los obispos desde que pasaron de una diócesis a otra. El Consorcio del Museo, integrado por la Generalidad de Cataluña, la Diputación, el Ayuntamiento, el Consejo Comarcal del Segriá y el Obispado de Lérida (este tiene un 5%), ha dado un paso más y le reclama los gastos de conservación y mantenimiento, en respuesta a la demanda.

Su abogado, Jordi Vives, ha solicitado, en el turno de conclusiones de la vista oral, que en caso de sentencia favorable al demandante, se le obligue a pagar por haber tenido los bienes de Aragón en este espacio durante años. Contaría desde 1999 hasta su entrega efectiva a Aragón. De momento no se ha concretado la cantidad. Para calcularla, ha dicho, debe estimarse el gasto anual de conservación y custodia y dividirlo por las 4.490 piezas de su colección. El coste por obra y año debería multiplicarse por 111, aplicando también el IPC y los intereses legales.

Frente a esta pretensión, la parte aragonesa argumenta que "si hay que repartir los gastos también habrá que repartir los ingresos". El abogado de la DGA, Alberto Gimeno, mostró su sorpresa por la reclamación de unos costes de conservación que están sin cuantificar. Compareció como testigo Pedro Ruiz, auditor de cuentas, pero no pudo concretarlos. "Si se piden unos gastos de conservación, habrá que decir qué cantidad. Y tampoco se dice qué parte es imputable a cada parroquia", ha manifestado el representante del Gobierno de Aragón.

En su opinión, al único que puede reclamar el Consorcio del Museo Diocesano es al obispado de Lérida, "por los cien años que los tuvo" desde la salida de las parroquias hasta la modificación de los límites territoriales. "Si hasta 1995 pertenecían a la diocesis de Lérida, ¿quién es el culpable de la mala conservación?. Reclamen al obispado de Lérida", ha aconsejado, recordando que más del 90% del dinero que llega al consorcio, presidido por la consejera de Cultura de la Generalitat, sale de esta institución.

Ese mismo organismo que sostiene el Museo ha dado 80.000 euros al obispado de Lérida para los gastos judiciales, reveló el abogado de la diócesis aragonesa. "¿Los tiene que pagar el obispado de Barbastro?", se ha preguntado Joaquín Guerrero.

En el Diocesano de la ciudad catalana solo se exponen al público nueve obras de las parroquias. Las otras permanecen en los almacenes, según declaró el jueves en el turno de los testigos la conservadora-restauradora del Museo, Nuria Gilart, quien también contó que solo una treintena de piezas están restauradas. "El resto están con los mínimos trabajos de conservación: fijación de policromía, que no se degrade la madera, para que al menos puedan durar 100 años más", aseguró en la vista.

La demanda ha quedado vista para sentencia tras dos intensos días de juicio, prácticamente seguido solo por los periodistas (más de 40 acreditados) y que ha puesto de manifiesto la buena relación de los obispos pese a enfrentarse en una sede judicial. El abogado de la DGA, Alberto Gimeno, ha comentado que no ha sido fácil para el prelado de Barbastro, Ángel Pérez, dar este paso y llevar a homólogo ante los tribunales civiles. "Que venga a un juzgado civil, con lo poco que les gusta salir del ámbito eclesiástico", ha comentado, es porque le asiste la razón y porque tiene que velar por los objetos de culto de su diócesis. "El trago que tuvieron que pasar los dos (tanto él como el de Lérida, Salvador Giménez, declararon el primer día) no creo que sea de gusto de nadie. Han pasado casi 25 años para que un obispo venga aquí". 

Rafael Gobantes

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbastro, Carlos Lobón, dispone ahora de dos meses para emitir su fallo, dada la complejidad. También podría esperar a que pase agosto, inhábil a efectos judiciales, para dar a conocer la sentencia, contando con alguna de las partes recurrirá.

El magistrado tiene por delante una tarea ingente, ya que el procedimiento acumula 36 tomos, más de 1.000 documentos y 25.500 folios. Los abogados han aportado todas las sentencias canónicas y civiles de las últimas dos décadas. También los dietarios y las cartas intercambiadas entre Messeguer y los párrocos con las negociaciones para la salida de las obras, así como cuatro informes periciales, dos de Cataluña y dos de Aragón.