Aragón

juicio por los bienes aragoneses

"Nadie ha visto ningún contrato de compra entre el obispo y los párrocos”

Los abogados aragoneses creen acreditada la propiedad de los bienes, tras dos días del juicio civil, mientras Lérida reclama los gastos de mantenimiento. El juicio ha quedado visto para sentencia.

Jordi Vives, abogado del consorcio del Museo de Lérida, tras la última sesión del juicio atendiendo a los periodistas.
Jordi Vives, abogado del consorcio del Museo de Lérida, tras la última sesión del juicio atendiendo a los periodistas.
Rafael Gobantes

Ni los peritos ni los testigos. “Nadie ha visto ningún contrato de compra, permuta o donación entre el obispo y los párrocos”. Lo han afirmado los abogados del obispado de Barbastro-Monzón y del Gobierno de Aragón, en la segunda y última sesión del juicio civil que los enfrenta a la diócesis y el Museo de Lérida.

La demanda del obispo de Barbastro contra el de Lérida y el Consorcio del Museo ha quedado visto para sentencia minutos antes de las tres de la tarde de este viernes. El juez tiene dos meses para emitir su fallo, aunque también podría esperar a que pase agosto, mes inhábil a efectos judiciales, y darla a conocer en septiembre, contando con que una u otra de las partes recurrirá, a efectos de facilitar los plazo

Los primeros reclaman la propiedad y posesión de las 111 obras de arte que salieron de 44 parroquias aragonesas hace un siglo, la mayoría de la mano del prelado ilerdense Josep Messeguer. Los otros, la desestimación de esta demanda y que se declare propietaria a Lérida de 83 obras de arte. En caso de que no sea así, exigen el pago de los gastos generados por la conservación y el mantenimiento en el centro museístico.

“Solo hay hipótesis, interpretaciones y subjetividades”, ha dicho en su turno de conclusiones el abogado de la DGA, Alberto Gimeno, que actúa como colaborador del obispado de Barbastro, al recordar las declaraciones de testigos y peritos. Además, ha añadido, las ventas serían nulas de pleno derecho al no tener licencias preceptivas de la Santa Sede y porque un subordinado no puede hacerlo a favor de un superior, “sería una orden no una venta”, al no haber libre consentimiento. Y hasta 1995, cuando se segregaron las parroquias de la diócesis catalana, eran la misma parte.

En opinión de Gimeno, ha quedado acreditado que son propiedad de las parroquias y deben retornarse. Ha solicitado que las costas se carguen al demandado porque entiende que ha existido “mala fe” por su parte. Mala fe que también ve en la Generalitat cuando hace solo unos días pidió personarse y suspender el juicio, pese a que la demanda es de febrero de 2018.

El abogado del Gobierno de Aragón igualmente se ha referido a la “propiedad sobrevenida”, ya que Lérida reclama ahora, y no lo hacía antes, 83 de las obras, basándose en los estudios de la conservadora del Museo de Lérida Carmen Berlabé sobre las cartas entre el obispo Messeguer y los párrocos y sus dietarios. Gimeno no entiende que si desde 1993 la doctora Berlabé investigaba la supuesta documentación que acredita la propiedad, no se haya aportado hasta casi 25 años después, cuando es un conflicto profusamente documentado. Ha recordado que en 2009 el obispo Piris no dijo nada de eso cuando pidió al Museo liberar las obras para retornarlas a sus legítimos propietarios, las parroquias. “Son actos de 1895 y se pretende adquirir la propiedad por unas actas notariales más de cien años después”. Si había esos documentos tenían que aportarse en origen, ha afirmado.

“¿Qué ha pasado?”, se ha preguntado el abogado del obispado de Barbastro, Joaquín Guerrero, para que ahora cambien de postura, cuando durante más de 20 años han mantenido que si no devolvían es porque estaban depositados en el Museo de Lérida y este no lo permitía. “El consorcio nunca ha querido devolverlas. Es lógico que se rebele a perder unas piezas importantes por las que la gente paga para verlas”. Ni siquiera sacaron a relucir esa documentación que supuestamente demuestra las compra-ventas en el momento en que el 31 de octubre de 2017 hubo un acto de conciliación previo a la demanda.

Imagen de los documentos del Procedimiento de reclamación de los 11 bienes
Imagen de los documentos del procedimiento de reclamación de los 111 bienes
TSJA

Por su parte, el abogado de la diócesis de Lérida, Javier Gonzalo, ha insistido en que no se pueden homologar las sentencias vaticanas con la jurisdicción civil, en la que se está ahora. “En este país hay separación Iglesia Estado”, y el obispo Salvador Giménez “tiene derecho a defender sus bienes materiales respondiendo a una acción jurídica”. Él mismo ha reconocido que no existen contratos de compra-venta, pero cree legitimada la titularidad por las escrituras ante notario realizadas en Barcelona en 2004 basándose en los apuntes de Messeguer. “No estamos dilucidando 111 obras, sino 83, nos hemos allanado en 28”, ha concluido.

El letrado del Consorcio del Museo de Lérida, Jordi Vives, ha pedido la desestimación de la demanda porque de lo contrario se puede entrar en “un callejón sin salida” al entrar en contradicción con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 2008, que dice que los bienes solo pueden salir de Cataluña en determinadas condiciones, garantizando la vuelta.

En su opinión, Barbastro debe demostrar la propiedad, porque hasta ahora la ha basado en las sentencias eclesiásticas, resoluciones administrativas no aplicables al derecho civil, y en los reconocimientos de los obispos, que nunca se han hecho en sede judicial. “Este es el primero en que se ventila la propiedad”, ha comentado en sus conclusiones.

Respecto a la ausencia de contratos, ha recordado que el derecho español no exige que sean escritos, son válidos los verbales, por lo que también servirían los 4.000 folios con apuntes sobre los negocios de permuta, compraventa o donación. Se ha referido al contexto de la época: “Un mercado de arte emergente, anticuarios que estimulaban a los curas a desprenderse de sus bienes, las necesidades económicas de todas las parroquias, la imposibilidad de usar bienes deteriorados. Esto explica que se desprendieran de esas piezas sin intención de retener la propiedad por su escaso valor, algunos podridos y carcomidos”. Y si Messeguer usaba un lenguaje particular era porque no quería parecer “un mercader”, ha dicho.

Para el letrado del Museo de Lérida, sí hay permutas y donaciones verbales y casos claros de cambios de propiedad en expresiones como “altar comprado”, “contribuyo con 3.000 reales a cambio de ...”, “se promete al párroco y él dará”. “Eran objetos adquiridos con la debida compensación”, ha concluido el letrado.

El abogado del Consorcio del Museo Diocesano ha reclamado la propiedad para el obispado de Lérida de 83 bienes y en caso de dar la razón a Barbastro y se estime su petición de recuperar la posesión, se obligue a esta diócesis a pagar los gastos por la posesión desde 1999 hasta su efectiva entrega. Para calcularlo, ha explicado, debe estimarse el coste anual de conservación y custodia, según la contabilidad del museo y dividir el coste por las 4.490 piezas de su colección. Eso daría el coste de pieza por año, que habría que multiplicar por las 111, aplicando el IPC y el interés legal.

Frente a esta pretensión, la parte aragonesa argumenta: “Si hay que repartir los gastos también habrá que repartir los ingresos”. El abogado del Gobierno de Aragón ha denunciado que no se ha valorado este coste. “¿Un euro, 1.000 millones? Si se pide unos gastos de conservación, habrá que decir qué cantidad. Ni se dice qué parte es imputable a cada parroquia”, ha comentado Alberto Gimeno. Para él, al único que podía reclamar el consorcio es al obispado de Lérida, “por los cien años que los tuvo”.ç

La demanda ha quedado vista para sentencia minutos antes de las tres de la tarde de este viernes. El juez tiene dos meses para emitir su fallo, aunque también podría esperar a que pase agosto, mes inhábil a efectos judiciales, y darla a conocer en septiembre, contando con que una u otra de las partes recurrirá, a efectos de facilitar los plazos.

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