BIENES ARAGONESES EN LITIGIO
Los peritos discrepan sobre si fueron ventas o limosnas del obispo a los curas
Los expertos en arte Antonio Naval y Domingo Buesa niegan la posibilidad de enajenar bienes sin permiso de Roma
¿Intercambios comerciales o donaciones? ¿Podía un obispo comprar una pieza a un párroco? ¿Se incentivaban los depósitos de obras de arte en los museos con limosnas? Los peritos convocados este jueves al juicio tuvieron que responder a estas preguntas al hablar de las transacciones entre los prelados y los 44 párrocos de Aragón, pero no se pusieron de acuerdo.
Según Antonio Naval, profesor de Historia del Arte y museólogo experto en arte aragonés, a finales del siglo XIX, por encima de 500 pesetas, no se podía vender nada sin permiso de la Santa Sede. En esa época había gran demanda de obras artísticas por parte de los americanos, y chamarileros y anticuarios pasaban por las iglesias ofreciendo cuatro duros. "Los curas hablan de regalo y de donación, pero nunca consideraron que el obispo les había comprado algo, porque no podía. Tenían que pedir licencia a Roma", señaló Naval, quien recordó además la obediencia debida de los sacerdotes respecto al jefe de su diócesis.
Citó como ejemplo el retablo de San Antonio de Villanueva de Sijena. Según los dietarios del obispo Messeguer, pagó al párroco 500 pesetas. Allí aparece tachada la palabra "comprado" y sobre ella se escribió "dado". "Ahí está el mérito del obispo, que lo que estaba a punto de convertirse en leña, lo fue recogiendo y se lo fue llevando. Y lo almacenó en unas salas. Quería hacer un museo y sabía que algunos curas no tenía sensibilidad para valorar las obras de arte", declaró.
El otro perito aragoneses fue Domingo Buesa, doctor en Historia y presidente de la Real Academia de San Luis, quien reiteró que "no se podían vender, enajenar, cambiar o destruir ningún bien de la Iglesia" y que los sacerdotes al frente de las parroquias "solo son conservadores, mantenedores y vigilantes pero no tienen capacidad de disponer de ellos".
Sería "una barbaridad", añadió, que un obispo los comprara, sabiendo que en caso de una enajenación la legislación eclesiástica exige abrir un expediente administrativo y contar con permiso de la Santa Sede. "No existe ningún documento que acredite esas transmisiones ni consta ningún expediente", afirmó tajante. Sí reconoció que había parroquias que necesitaban hacer obras y recibían dinero a cambio de depositar un bien en el museo diocesano. O que tenían un objeto de culto muy deteriorado y lo entregaban por uno nuevo. Pero eran ayudas y no compra-ventas.
Desde el Concilio de Trento se obligaba a retirar objetos que no fomentasen la devoción o incluso provocaran burla por faltarles una pieza (un brazo de una virgen) o presentar muy mal estado.
No solo se cuestionó la propiedad, también la procedencia. Buesa dejó claro que las 111 piezas salieron de Aragón, pero la conservadora del Museo de Lérida Carmen Berlabé, perito de esta parte, mostró sus dudas.
La declaración de esta fue la mas larga del primer día de juicio. El letrado del Museo, Jordi Vives, fue detallando las circunstancia de numerosas piezas. Berlabé precisó que Messeguer defendía que no había que descender a los contratos de compra-venta porque no le parecía digno. "A veces se hablaba de limosnas, pero cuando vamos al documento vemos que pone compra. Limosna se usa como eufemismo", sostuvo la conservadora.
El abogado fue mencionando apuntes contables de los dietarios o las cartas del obispo: "500 pesetas al párroco de Sijena por un altar comprado"; "Con 200 pesetas que me conceda su ilustrísima se puede hacer esta reparación, y puede su ilustrísima disponer de dos tablitas pintadas para el museo"; o las 700 pesetas por la virgen de Zaidín para reparar el campanario.
"Yo no he analizado la trascendencia jurídica sino la intencionalidad", aclaró Berlabé, quien justificó casos como estos por el paso de los anticuarios, que ofrecían un precio, los párrocos lo comunicaban al obispo al mismo tiempo que sus necesidades y normalmente Messeguer decía que se lo quedaba él, igualando o superando el precio.
Los abogados de Barbastro-Monzón y de la DGA calificaron sus apreciaciones "subjetivas". No entienden "esta propiedad sobrevenida" a la vista de unas investigaciones iniciadas en 1993, cuando el obispado de Lérida en 2009 seguía sin cuestionar la propiedad y reclamaba las obras al Museo para devolverlas. Cómo es posible, se preguntaron, que "surjan ahora contratos de 1893".
La vista oral concluirá este viernes. Todavía hay que escuchar a un cuarto perito y luego las partes expondrán sus conclusiones.
