Aragón

litigio por las obras de arte de las parroquias

El juicio por los bienes arranca este jueves en Barbastro con la declaración de los dos obispos

La Generalitat, que solicitó hace solo unos días ser parte, finalmente no podrá intervenir.

Preparativos en el juzgado de Barbastro para la vista oral.
Preparativos en el juzgado de Barbastro para la vista oral.
José Luis Pano

"Nadie ha negado la propiedad del obispado de Barbastro-Monzón sobre esos bienes y la obligación del demandado (el de Lérida) a reintegrarlos al propietario, pero por cuestiones ajenas al Derecho no se han trasladado hasta ahora para su reintegro a las parroquias". Esta frase, que figura en la demanda interpuesta por la diócesis aragonesa el 2 de febrero de 2018 contra el Obispado y el Consorcio del Museo Diocesano de Lérida, resume la esencia de la vista oral que arranca este jueves en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Barbastro para dirimir por vía civil un conflicto que se prolonga desde 1995.

A los obispos les habría gustado un juicio discreto, pero la realidad es que se han acreditado 30 medios de comunicación y más de 40 profesionales para seguir lo que acontece en una sala con capacidad para 20 personas. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha tenido que improvisar un espacio extra para los periodistas en una de las dependencias.

El juicio comienza a las 10.00 con el interrogatorio de las partes: el obispo de Lérida, Salvador Giménez, y el de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez. Le seguirán como testigos el obispo emérito de esta diócesis, Alfonso Milián; el secretario-canciller, Pedro Escartín; y el delegado de Patrimonio, Enrique Calvera.

Luego comenzará el interrogatorio a tres trabajadores del Museo de Lérida: los conservadores Nuria Gilart y Albert Velasco y el auditor de cuentas, Pedro Ruiz. Por último están los peritos: el profesor de Historia del Arte Antonio Naval; el presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, Domingo Buesa; la conservadora del Museo de Lérida Carmen Belarbe; y el historiador y conservador del Museo Episcopal de Vic, Marc Sureda. La vista, que acabará con las conclusiones de las partes, se alargará hasta mañana, viernes.

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El retraso de la Generalitat

Finalmente no intervendrá la Generalitat, salvo sorpresa de última hora, ya que solicitó su personación hace solo unos días, a pesar de que el proceso empezó hace más de un año. Sus letrados pidieron suspender la vista y dar marcha atrás a las actuaciones, pero el juez, Carlos Lobón, lo rechazó. El plazo dado a las partes para alegar acaba el lunes, con la vista ya concluida.

El magistrado deberá resolver en la sentencia la petición del abogado de Barbastro, Joaquín Guerrero, de declarar los 111 bienes como propiedad de las 44 parroquias (están valorados en más de 8 millones de euros), y de condenar de forma "solidaria" a los demandados para la entrega "inmediata" por medio del obispado de Barbastro.

Esta diócesis llega al juicio con un largo bagaje a su favor, en forma de pronunciamientos eclesiásticos y civiles, que no se han traducido en la recuperación efectiva de los tesoros artísticos. Empezando por el decreto del 29 de junio de 1998, del nuncio Lajos Kada, que concretó el modo de proceder ante la resistencia de Lérida, tres años después de que las parroquias aragonesas fueran adscribitas a Barbastro. Estableció entonces que las obras estaban en Cataluña solo «a título de depósito» y debían entregarse si las reclamaba su legítimo propietario. El decreto fue ratificado por la Congregación de los Obispos el 8 de septiembre de 2005, y por el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica el 28 de abril de 2007.

Pero Joaquín Guerrero exhibirá otras pruebas documentales. La principal es el acuerdo entre los dos obispos del 30 de junio de 2008, ratificado el 28 de octubre de 2010, rubricado en la Nunciatura, por el que Lérida reconoció la titularidad y se comprometió a hacer la entrega en 30 días. Uno de los firmante fue el obispo emérito Alfonso Milián, citado como testigo. También hay cartas de prelados ilerdenses, y hasta una comunicación para ser leída en las misas, del 23 de diciembre de 2007, admitiendo quién era el dueño. Otra de las misivas lleva la firma del obispo Joan Piris, quien escribió al presidente del consorcio del museo admitiendo que se «tenían que devolver los bienes objeto de este pleito a su legítimo propietario, si los reclamaba».

Guerrero aportará además los pronunciamiento de los tribunales civiles. El juzgado número 4 de Lérida, el 6 de septiembre de 2010, en un proceso instado por la asociación de Amigos del Museo de esa ciudad, confirmó que las obras estaban a título de depósito. En la vía contencioso-administrativa, el caso llegó al Supremo para dirimir si Aragón estaba legitimado a catalogarlas en su inventario de patrimonio, frente a un recurso de la Generalitat. El 26 de mayo de 2015, el alto tribunal dejó sin efecto la catalogación catalana considerando que los bienes estaban allí «provisionalmente a la espera de su devolución a las parroquias aragonesas».

Cambio de estrategia

Salvador Giménez deberá aclarar en su interrogatorio por qué en el acto de conciliación previo al juicio, el 31 de octubre de 2017 en Lérida, reconoció la obligación de retornar los bienes, pero se escudó en que el consorcio del museo se negaba a entregárselos, y ahora reivindica la propiedad de 83 de las 111 obras en litigio.

La vista oral abre un nuevo camino en un conflicto iniciado hace 24 años en el que el clero aragonés se ha resistido a acudir a la justicia ordinaria, huyendo de la imagen de dos obispos enfrentados en los tribunales. Como señala Guerrero en su demanda, Ángel Pérez y sus predecesores han intentado «por todos los medios evitar un contencioso –y mantener el diálogo fraterno–» con quien está obligado a acatar las resoluciones eclesiásticas. Incluso se han lanzado propuestas de colaboración, pero siempre con una premisa, que los bienes retornen a sus legítimos dueños.

"De aquí no saldrá ninguna pieza

Solo habían pasado unos meses desde que el 17 de septiembre de 1995 se constituyó el obispado Barbastro-Monzón, cuando los responsables de la nueva diócesis, a la que se incorporaron cien parroquias de Lérida, se dieron cuenta de las reticencias a devolver el patrimonio. La Iglesia hablaba entonces de la buena disposición para la vuelta de los bienes, pero la realidad era otra. "Lérida no movía ficha", cuenta Enrique Calvera, que declarará hoy y que entonces acababa de ser nombrado delegado de patrimonio. Fue con su antecesor, Manuel Iglesias, a entregar una carta en mano a su homólogo ilerdense. "Nos dijo: “de aquí no saldrá ninguna pieza”. Nos quedamos sorprendidos con esa negativa ya de entrada. Ni siquiera escuchamos un “lo estudiaremos". Se tardaron dos años a dar por agotadas las negociaciones para empezar lo que el Tribunal de la Signatura Apostólica definió como "un largo y sinuoso proceso" que ha acabado con los dos obispos enfrentados en los tribunales civiles. 

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