El PAR seguirá preguntando a Azcón en las Cortes en contra del criterio de los servicios jurídicos

PP y Vox imponen su mayoría y permiten a sus socios aragonesistas participar en la sesión de control al presidente pese a un segundo informe en contra de la letrada mayor.

El diputado aragonesista, Alberto Izquierdo, en el centro, antes de la sesión de control al presidente en el pleno de las Cortes, este jueves.
El diputado aragonesista, Alberto Izquierdo, en el centro, antes de la sesión de control al presidente en el pleno de las Cortes, este jueves.
Oliver Duch

El diputado aragonesista, Alberto Izquierdo, seguirá preguntando al presidente aragonés, Jorge Azcón, en la sesión de control de las Cortes pese a que el PAR forma parte del Ejecutivo con ocho altos cargos. Así se lo permiten sus socios de PP y Vox, que han vuelto a saltarse el criterio de los servicios jurídicos de la institución, que reiteran en un segundo informe que la formación liderada por Alberto Izquierdo no forma parte de la oposición. Y este requisito es indispensable para formular preguntas al presidente, según el Reglamento de las Cortes.

El grupo socialista recurrió el martes la calificación de la pregunta presentada por Izquierdo para participar en la sesión de este jueves, pero la mayoría conservadora en la Mesa de las Cortes se ha impuesto una vez más y el PAR ha podido formular su cuestión sobre obras del Pacto del Agua y las ayudas al funcionamiento empresarial en Teruel.  

Se trata de la segunda vez que los socialistas elevan un recurso al órgano de gobierno de la institución contra la participación en la sesión de control al presidente por parte de la agrupación parlamentaria del PAR, que se turna con Andoni Corrales (Podemos) y Álvaro Sanz (IU) como integrantes del grupo mixto. En noviembre, la iniciativa del PSOE no se llegó a admitir por haberse planteado con posterioridad a la formulación de la pregunta, pero ahora se ha rechazado directamente sin mediar una explicación con los votos de PP y Vox.

Aunque la presidenta de la Cortes, Marta Fernández (Vox), dijo hace meses que no volvería a posicionarse en contra del criterio de los servicios jurídicos, lo ha vuelto a hacer junto al vicepresidente primero, Ramón Celma, y el secretario primero, Gerardo Oliván, ambos del PP. Y lo han hecho pese a la nueva nota-informe de la letrada mayor, Carmen Rubio, que reitera el argumento que ya expresó en noviembre para rechazar la admisión a trámite de la pregunta del PAR: "Es la incorporación en la estructura del actual Ejecutivo de un notable número de altos cargos y directores generales en las distintas consejerías, lo que puede hacer quebrar la consideración como oposición de la agrupación parlamentaria del PAR".

Los dos representantes del PSOE en la Mesa, la vicepresidenta segunda, Elisa Sancho, y el secretario segundo, Carlos Pérez Anadón, se posicionaron del lado de los servicios jurídicos en la deliberación del miércoles, tras la primera sesión del pleno. El asunto se ha retomado este jueves por la mañana en una reunión de la Mesa y Junta de Portavoces previa a la sesión de control, pero PP y Vox han ratificado su imposición.  

El grupo socialista alude al artículo 260 del Reglamento de las Cortes que regula las preguntas al presidente, limitadas a "una por cada grupo parlamentario de la oposición". Todos los meses preguntan el PSOE, Teruel Existe y Chunta y uno de los integrantes del grupo mixto por rotación, incluyéndose al PAR. 

En su escrito, el principal partido de la oposición alude a "numerosos artículos doctrinales" sobre la configuración jurídica y conceptual del Gobierno y la oposición y recuerda el informe de los servicios jurídicos de las Cortes y el pacto de investidura sellado entre PP y PAR. Además, recuerda que fruto del acuerdo, los aragonesistas ostentan varios altos cargos en el Ejecutivo autonómico.

En concreto, las delegaciones territoriales del Gobierno en Huesca y Teruel, cuatro direcciones generales en otras tantas consejerías (Patrimonio Cultural, Educación Ambiental, Cuidados y Humanización y Familia), además de las gerencias del Instituto Aragonés del Agua y del Instituto Aragonés de la Juventud.

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