El sector de las renovables dice que el impuesto en Aragón será más alto que en otras autonomías
Las empresas temen que merme la inversión y exigen bajar el tributo a las eólicas y las fotovoltaicas. Las entidades defienden que la recaudación se destine a las zonas afectadas.
La industria de las renovables dejó claro este lunes que no quiere un impuesto para las plantas eólicas y fotovoltaicas y que, en el caso de que no haya más remedio, este debería ser mucho más reducido. En su opinión, Aragón va a llegar a pagar hasta 10 veces más que otras autonomías, hecho que mermará a competitividad de la Comunidad y retraerá la inversión. Y sobre todo, los representantes de las empresas minimizaron el impacto de molinos y placas solares y defendieron que sí dejan valor en las zonas en las que se ubican, en contra de lo que sostienen entidades ecologistas y del medio rural.
Las Cortes de Aragón abrieron este lunes las audiencias legislativas para el proyecto de ley que crea los impuestos ambientales sobre las renovables, en las que participaron 15 portavoces de empresas del sector y entidades diversas. Desde ópticas diferentes, hubo consenso para que la recaudación total del impuesto revierta en medidas de mejora medioambiental y en los municipios afectados (el 50% de los ingresos pasará a un fondo para aplicar mejoras ambientales, mientras que otro 15% irá para planes contra la despoblación).
El presidente del Clúster de la Energía de Aragón, Pedro Machín, subrayó que la cuota planteada en Aragón es mayor a otras comunidades en las que se cobra. "Es 10 veces superior que Castilla-La Mancha y Galicia", dijo Machín, que subrayó que el nuevo tributo "puede poner en riesgo las inversiones en Aragón".
En la misma línea, Daniel Fernández Donoso, de Engie España, apuntó que "no es justo argumentar" que en las renovables "no hay generación de valor". "Son la solución al problema", dijo Donoso, que reclamó que pidió diversos cambios, como que se cobre por aerogenerador y no por altura o potencia. "No estamos en contra del impuesto, pero hay inconsistencias y asimetrías con otras autonomías", afirmó.
Silvia Encina, de EDP Renovables España, también insistió en que existe una “idea errónea” de que las eólicas y fotovoltaicas “no revierten en el territorio” y recordó que ya pagan IBI, ICIO e IAE. “En algunos ayuntamientos los ingresos superan su capacidad de gasto anual”, apuntó. Pero en cualquier caso pidió cambios, especialmente mediante una extensión de las bonificaciones. “Lo que haga Aragón puede ser modelo para otras comunidades”, declaró.
Los representantes de las empresas se manifestaron en la misma línea. Fue el caso del director global de energías renovables del grupo GALP, Jesús Carlos Relancio, quien subrayó la existencia de diferentes “desafíos” como el incremento de los tipos de interés, de los costes y que el precio de la energía se encuentre en mínimos. Todo ello, incidió, repercute en la rentabilidad de estas inversiones. “Este impuesto podría afectar a la implantación”, aseguró.
O José Donoso Alonso, que expresó su temor a que este tipo de impuestos y “riesgos regulatorios estropeen la ventaja competitiva de Aragón”. Rechazó que se utilice la superficie vallada para cobrar el tributo, “porque perjudica a las instalaciones más antiguas frente a las modernas”, y pidió que se ingrese por metro cuadrado de panel. Y, como la mayoría de los representantes empresariales, exigió que se exima el autoconsumo, aunque tenga excedentes.
Inseguridad jurídica
Juan Virgilio Márquez, de la asociación empresarial Eólica, subrayó que no haya “criterios homogéneos” en las comunidades y exigió que no haya retroactividad, es decir, que no se aplique a los parques antiguos. “Es una mala práxis regulatoria que genera inseguridad jurídica”, afirmó el empresario, que destacó que “el sector sufre una carga fiscal enorme”.
Jorge Edo, de la Asociación de Productores de Energía Fotovoltaica, se centró en las pequeñas instalaciones, dado que en su opinión el impuesto penaliza sobre todo a las plantas menos modernas. “Deberían estar exentas las plantas de menos de 5 megavatios”, declaró.
Desde el ámbito de la academia, llegaron opiniones contradictorias. La catedrática de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, María Rosa Duarte, dijo que las renovables por si solas no revierten dinámicas de despoblación y consideró que “la política fiscal que movilizar las actividades productivas, siempre que tenga un compromiso con el desarrollo rural". José Manuel Iglesias, profesor del Máster de Energías Renovables de la Universidad de Santiago, rechazó de plano el tributo por “penalizar la producción de energía limpia”.
Desde la Plataforma 13 de marzo, Jesús Ruz, se mostró a favor de que paguen aquellas instalaciones que “dañan el medio ambiente”, aunque destacó varias “deficiencias graves” en el articulado. Entre ellas, pidió que los PIGA no tengan bonificaciones y que las exenciones sean “al 100%" para todas las instalaciones de autoconsumo o comunidades energéticas. Asimismo alertó sobre los riesgos que puede provocar las exenciones por convenio con entidades locales.
El portavoz de la Asociación Viento Alto, Fernando Safón, incidió en que la “prioridad” es que “parte de la riqueza que generan estas instalaciones revierta en los municipios”. “Estamos de acuerdo con el impuesto, pero vemos carencias. Debería ser más ambicioso en cuenta a los beneficios que se deriven de los impuestos”, subrayó, al tiempo que pidió que los ayuntamientos tengan “autonomía” para decidir las acciones a ejecutar por los tributos.
Juan Antonio Gil, de la Fundación para la conservación del Quebrantahuesos, puso sobre la mesa los efectos en la mortalidad de las aves a consecuencia de la implantación de las renovables en todo el mundo y más concretamente en Aragón. Defendió que se bonifiquen aquellos proyectos ubicados en “sectores de baja calidad paisajística. “Tenemos instrumentos para ello”, aseguró.
El portavoz de la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel, Javier Oquendo, celebró que la ley reconozca que se produce “un daño ambiental”. No obstante, lamentó que la ley de paisaje no es una realidad. Tampoco lo es, enfatizó, el plan energético de Aragón. “Cuando se haga todo esto y la zonificación, es cuando podremos plantear un impuesto”, sostuvo. Y al igual que la Plataforma 13 de marzo reiteró la petición de moratoria, a la vez que incidió en que debe de tener un planteamiento “finalista”.
