¿Por qué hay interinos que tienen que dejar su puesto a funcionarios en Aragón?

Fruto del plan de estabilización para reducir las plantillas de las administraciones públicas a un 8%, hay trabajadores sin plaza fija que tienen que cesar cuando un funcionario la aprueba.

Concentración de los interinos de Stepa
Concentración de los interinos de Stepa el pasado febrero tras la sentencia de la Unión Europea a favor de la fijeza de los empleados temporales de larga duración
Ruben Losada/FotografiArte

Con el objetivo de reducir la temporalidad en el sector público al 8%, el Gobierno español aprobó la Ley 20/2021 de medidas urgentes que establecía nuevos procesos de estabilización de personas que las diferentes administraciones han ido convocando y que deben finalizar antes de que termine este año 2024. Las convocatorias de las ofertas de empleo están ya en marcha y con su resolución hay interinos que están teniendo que dejar su puesto si esta plaza la ha obtenido en los exámenes un funcionario de carrera. También se están viendo afectados por los concursos de traslados que están actualmente en proceso.

Un interino es un trabajador que lleva a cabo la labor de un funcionario público temporalmente, cubriendo una plaza hasta que esta se asigne a través de concurso de oposición. Se trata de una una solución transitoria y excepcional con la que el profesional no adquiere un puesto fijo en la administración pública. 

El problema que se le plantea a este colectivo es que el uso de interinos, concebido como una solución temporal, se ha prolongado en el tiempo y se ha convertido en una alternativa ordinaria. Concretamente desde que, tras la crisis económica, se congelasen las convocatorias de empleo público y se tirara de interinos para cubrir los puestos necesarios vacantes. Por esta razón, los hay que llevan muchos años en la misma plaza, algunos prácticamente toda su vida laboral. 

Sobre esta cuestión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dictó el pasado 22 de febrero una sentencia que avala la conversión del personal laboral de larga duración en fijos y en la que considera que el Derecho español no disuade adecuadamente a las administraciones públicas del abuso de la contratación temporal. 

No obstante, su interpretación no parece tan clara. El Tribunal Supremo, que tiene recursos sobre este mismo asunto pendientes de resolver, ha decidido preguntar al máximo tribunal europeo para despejar sus dudas sobre cómo aplicar la fijeza en el empleo público.

En relación con este dictamen, el Gobierno de Aragón valoró que no significará que los miles de trabajadores públicos que están en la administración autonómica en esta situación pasen a ser fijos de forma automática. Es más, subrayó que los procesos de estabilización de las plantillas van a continuar y que en próximas fechas habrá casi mil interinos menos.

El Gobierno de Aragón asume la alta temporalidad de la administración autonómica, que según sus boletines estadísticos llega al 50%, unos 30.000 funcionarios. No obstante, esta es una cifra en bruto, con todo tipo de trabajos temporales, hasta los de un día, por lo que los sindicatos apuntan a un volumen de 16.000 o 17.000 temporales.

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