laboral
Movilización tras la sentencia de Europa: "Azcón debe paralizar los ceses de interinos"
El sindicato STEPA señala que tras este fallo al menos 3.000 empleados temporales laborales del Gobierno de Aragón tienen que ser fijos.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó este jueves una sentencia en la que insta a España a convertir en fijos a los interinos de larga duración. Y, ante esta "esperada" resolución, que de momento afecta al personal laboral, desde el sindicato STEPA-CATA han reclamado al Gobierno de Jorge Azcón que "paralice los ceses del personal interino" o que, por lo menos, "analice si estos llevan más de tres años de servicios prestados", ya que este es el límite establecido por el TUE.
Lo han hecho a las puertas del Pignatelli, donde han explicado que, aunque la sentencia del TJUE solo afecta al personal laboral, "las cuestiones prejudiciales relativas a funcionarios saldrán en poco tiempo". Prevén que sean incluso "más taxativas", puesto que, han explicado, Europa "no hace distinciones entre funcionarios laborales y estatutarios". "Son empleados públicos", ha defendido David Mansilla, del sindicato STEPA.
"Por fin se hace justicia", ha apostillado Pilar Remírez, también de STEPA, quien ha detallado que en el caso de que no se les haga fijos, tampoco vale la indemnización de 20 días por año trabajado con un límite de 12 mensualidades. "Toda persona que ahora mismo tenga en los tribunales la demanda por abuso de temporalidad hoy se le abren todas las puertas porque lo único que cabe es fijeza o unas elevadas indemnizaciones que quebrarán las arcas públicas", ha recalcado.
En Aragón, estiman que hay unos 3.000 empleados temporales laborales y que ascienden a 17.000 en el conjunto de interinos. Han denunciado que la situación actual es el resultado de “una década de nefastas políticas laborales”, durante la cual la temporalidad no ha dejado de aumentar y actualmente en la Administración General ya supera el 54%.
"El Gobierno de Sánchez tendrá que legislar para que realmente esto se aplica a la totalidad de personas en abuso porque ahora lo que hay es aplicable a la gente que ha demandado", ha explicado. Y ha animado a que todos los que lleven más de tres años denuncien que están "en fraude". Con todo ello, ha reclamado al Ejecutivo liderado por Jorge Azcón que no continúe con los ceses, porque si lo hace "solo cabe la readmisión o la indemnización". Se ha referido al "despido de un millar de trabajadores sanitarios de hace una semana y el de 300 de la Administración General el pasado mes".
Asimismo ha puesto el foco en el procedimiento de infracción abierto y sobre el que la Comisión Europea "estaba a la espera del TJUE". "Como ha sido tan claro, ya puede el Reino de España a legislar porque si no las sanciones que nos van a llegar por incumplimiento e infracciones no sé si tenemos dinero para pagarlas", ha especificado. Al mismo tiempo ha señalado que se debe alcanzar el 8% de temporalidad, puesto que de ello depende "la llegada de los fondos europeos Next Generation", cuyo plazo está fijado en el 31 de diciembre de 2024.
CGT dice que el TJUE "pone cerco a la precariedad"
Desde el sindicato CGT han celebrado que en la sentencia se plasme "negro sobre blanco" que la "precariedad en las relaciones laborales en el sector público no tiene cabida". "La judicatura española y los agentes sociales están obligados a dar un giro de 180 grados en sus peregrinas argumentaciones cuyas omisiones han agravado esta situación hasta hacerla insostenible", han lamentado.
Desde CGT han asegurado que no cesarán en la lucha contra "uno de los abusos más palmarios de los hitos laborales" de la historia de este país. Y han reclamado a las fuerzas políticas que consensuen una solución legislativa y dejen "zanjada esta problemática donde ya queda claro que no existe otra salida que resarcir el abuso de los trabajadoras con la fijeza".
