Aragón descarta que la sentencia de la UE obligue a convertir a los interinos en fijos
El Ejecutivo impulsa unas mil plazas de estabilización, en su mayoría para temporales. Considera que el Gobierno y los tribunales españoles deben aclarar cómo se aplica la decisión.
El Gobierno de Aragón consideró este viernes que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que insta a convertir en indefinidos a los interinos de larga duración no significará que los miles de trabajadores públicos que están en la administración autonómica en esta situación pasen a ser fijos de forma automática. Es más, subrayó que los procesos de estabilización de las plantillas van a continuar y que en próximas fechas habrá casi mil interinos menos.
Frente a los sindicatos mayoritarios entre los trabajadores temporales, que aseguraron que la sentencia supone convertir en fijos a los interinos de larga duración, fuentes del Ejecutivo indicaron que no dice eso. En primer lugar, porque se refiere al personal laboral y porque la sentencia sostiene que la conversión “podría ser una medida eficaz, pero no la obliga”.
Admitieron que la legislación española no ha permitido acabar con su alta temporalidad y que la relación laboral se considera continuada si no se convoca la plaza o no se cubre. Pero recordaron que la administración autonómica está impulsado numerosos procesos de estabilización, por la vía del concurso oposición, para reducir la temporalidad. Es más, indicaron que el número de plazas por concurso es mayor que el de oposición en la administración general (2.800 frente a 2.100).
El Ejecutivo autonómico da algunas cifras. Informó de que en las próximas semanas van a tomar posesión de 475 plazas, de las que 331 son para auxiliares administrativos, 58 corresponden a personal de servicios auxiliares (PSA), 44 son ingenieros agrícolas y 44, agentes de protección de la naturaleza. Estos puestos se suman a 123 de auxiliares de enfermería y 381 de personal especializado en servicios domésticos (PESD). En total, unas 1.000 plazas de estabilización que estarán cubiertas antes de que acabe marzo.
La DGA optó por la prudencia. “Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón están analizando la sentencia, que deberán resolver el Gobierno y los tribunales españoles”, declaró el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, que mostró su intención de continuar con los procesos de estabilización. Su posición está en línea con lo manifestado por el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, que consideró que la sentencia de la UE afectaría a “casos concretos” y que la decisión final quedará en manos de los tribunales españoles.
El Gobierno de Aragón asume la alta temporalidad de la administración autonómica, que según sus boletines estadísticos llega al 50%, unos 30.000 funcionarios. No obstante, esta es una cifra en bruto, con todo tipo de trabajos temporales, hasta los de un día, por lo que los sindicatos apuntan a un volumen de 16.000 o 17.000 temporales.
De esta cifra, según el sindicato CC. OO, con más de tres años habrá entre 11.000 y 12.000, de los que alrededor de la mitad están ocupando una vacante. El responsable de la sección sindical, Francisco José González, consideró que si se tiene en cuenta el personal laboral, la sentencia afectaría a unos 300 empleados de Administración General, unos 600 si se hace una “interpretación generosa”.
Los servicios jurídicos del sindicato dicen que la resolución de este conflicto quedará en manos del Tribunal Supremo, que tendrá que determinar cómo incorpora a su jurisprudencia el fallo del TJUE. En cualquier caso, el sindicalista destacó que “no hay fijeza automática”.
