El Ministerio de Sanidad se ha topado con una piedra en el camino hacia la creación de la futura Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap). Las elecciones catalanas y vascas que se celebrarán esta primavera van a retrasar la tramitación de la ley necesaria para impulsar este organismo, muy demandado por los profesionales del sector, y por cuya sede compite Zaragoza. El Gobierno central negocia con los grupos parlamentarios de Junts y PNV, que rechazar lo que consideran una invasión de competencias, y la cita con las urnas no ayudará al acuerdo.

“Es posible que el trámite sea ahora más lento con las elecciones”, ha reconocido este viernes el director general de Salud Pública, Pedro Gullón, que no obstante se ha mostrado confiado en desatascar la situación. De momento, el Ejecutivo ha logrado que tanto PNV como Junts retiraran sus enmiendas a la totalidad y las reconvirtieran en parciales, lo que abre las puertas a una negociación que ya está en marcha.

De hecho, el Congreso ha ampliado hasta en cinco ocasiones el plazo de enmiendas, más de un mes, ante la falta de acuerdo. Y el periodo electoral que van a vivir tanto Cataluña como el País Vasco, que ya se llevó por delante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, también va a impactar en el impulso del nuevo organismo.

“La Agencia es una necesidad, un imperativo moral y político”, ha refrendado la ministra Mónica García tras la reunión del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo celebrada hoy en Madrid. A su juicio, el “diálogo” será clave para sacar adelante el proyecto.

De momento, las principales ciudades candidatas a albergar a la sede de la Aesap siguen trabajando en sus candidaturas. Según fuentes ministeriales, Zaragoza es una de las que parte en cabeza para ser la elegida. El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de la capital ultiman estas semanas la propuesta del inmueble donde se ubicaría el organismo, que podría instalarse en el antiguo Pabellón de Aragón de la Expo, en Ranillas.

El Gobierno central confía en impulsar la ley tras las elecciones vascas y catalanas y a continuación aprobar los estatutos de la Agencia, y de forma paralela, iniciar el proceso de descentralización. La puesta en marcha, prevista para final de año, se podría demorar así unos meses, hasta principios de 2025.