El grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados ha ampliado el periodo de enmiendas para la ley de creación de la futura Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap), por cuya sede compite Zaragoza. El motivo no es otro que ganar tiempo para tratar de convencer a Junts y PNV de que retiren su rechazo a la totalidad e introduzcan cambios parciales, evitando de esta forma que la aprobación del nuevo organismo quede en manos del apoyo del PP. De ser así, las comunidades gobernadas por los populares, como Aragón, podrían tener más opciones en el proceso de descentralización prometido por el Gobierno central.

Tanto Junts como el PNV, ambos socios de investidura de Pedro Sánchez, han presentado enmiendas a la totalidad ante el proyecto de ley de creación de la nueva Agencia, que entre sus funciones destacan las de “modernizar el sistema de vigilancia para responder con agilidad a futuras amenazas”, así como incorporar una visión integral de la salud, también con la animal y la ambiental, adaptar las directrices a la actual crisis climática y “coordinar” la colaboración científica con la industria y las administraciones para fijar “estrategias comunes de respuesta”, según detalló hace unas semanas la ministra de Sanidad, Mónica García.

El principal motivo de queja de las dos formaciones nacionalistas es que la Aesap invadiría competencias autonómicas de forma “palmaria”, según recoge el escrito entregado por Junts. “El proyecto de ley olvida que el Estatuto de Cataluña dispone que corresponde a la Generalitat, en materia de sanidad y salud pública, la competencia exclusiva sobre la organización y el funcionamiento interno, la evaluación, la inspección y el control de centros, servicios y establecimientos sanitarios y la ordenación farmacéutica”, apuntan.

Además, desde la formación de Carles Puigdemont denuncian que la propuesta del Gobierno, que pasó por el Consejo de Ministros el pasado 30 de enero, “no contempla, en ningún caso, la participación de los entes locales”, que según la normativa autonómica cuentan con importantes competencias en esta materia que se verían “vulneradas”, subrayan.

Una postura similar defiende el PNV. “Es un órgano de difícil justificación”, cree la formación vasca, que apunta a la “indefinición y falta de claridad” de las funciones y objetivos de la Agencia de Salud Pública. Y también señalan al choque entre administraciones. “Podría entrar en conflicto con la normativa autonómica así como con competencias que corresponden a las comunidades”, recoge el escrito.

Ante esta situación, el PSOE ha ampliado hasta el día 28 el periodo de alegaciones, que en principio expiraba este miércoles. Según fuentes parlamentarias, los socialistas negocian un acuerdo para que las dos formaciones nacionalistas retiren sus enmiendas de devolución y las conviertan en parciales, salvando así el primer escollo de la tramitación.

De lo contrario, el Gobierno se vería obligado a pactar con PP y Vox, junto al resto de socios, el texto final. Los conservadores son partidarios de la creación de un órgano muy demandado por los profesionales para dar respuesta efectiva a crisis sanitarias como fue la pandemia.

Pabellón de Aragón

Mientras, dos grupos de trabajo, uno técnico y otro institucional, avanzan en la configuración de la candidatura de Zaragoza, con la DGA y el Ayuntamiento al frente. Uno de los principales cometidos es la elección del edificio que albergaría la sede en caso de salir victoriosos de la pugna con el resto de ciudades. Para ello, se analizan las posibilidades de ofrecer los requisitos funcionales que exigirá la Agencia, así como el coste económico de las obras de acondicionamiento.

En este sentido, y aunque no se descarta todavía ninguna opción, parece que el Pabellón de Aragón es el que tiene más posibilidades. Aunque serían necesarios importantes trabajos para hacerlo operativo, el inmueble permite trabajar por plantas y por fases, de tal forma que se adecuaría conforme avance la puesta en marcha del nuevo organismo.

Además, cuenta con buenas comunicaciones con la estación Delicias, lo que facilitaría los desplazamientos desde Madrid, una variable importante a tener en cuenta en el proceso de selección. Por eso, la alternativa del Instituto Municipal de Salud Pública, ubicado en el polígono de Cogullada y propuesto inicialmente por el Consistorio, pierde opciones.