Aragón pugnará por la Agencia de Salud con media docena de comunidades y la amenaza de Madrid

Moncloa impulsa el organismo e inicia su descentralización, en duda por los recelos de los funcionarios de la capital.

El pabellón de Aragón, posible sede de la Agencia, ante su penúltima oportunidad tras 16 años cerrado
El pabellón de Aragón, posible sede de la Agencia, ante su penúltima oportunidad tras 16 años cerrado
Guillermo Mestre

Un año después de perder la carrera por la Agencia Espacial, Aragón emprende una nueva pugna para hacerse con un organismo estatal de nueva creación. La Comunidad ha sido la primera en presentar sus credenciales para llevar a Zaragoza la futura Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap), que el Gobierno central aprobó este miércoles en Consejo de Ministros con la intención de inaugurarla este 2024. En el camino tendrá que hacer frente a media docena de aspirantes con serias posibilidades -Granada es una de las que más fuerte está apostando tras perder la de Inteligencia Artificial-, aunque la principal amenaza está en el propio proceso. La presión de los profesionales por dejar en Madrid el nuevo centro de coordinación puede dar al traste con las esperanzas de descentralización.

El Consejo de Ministros aprobó en febrero del año pasado el anteproyecto de ley de creación de la futura Agencia Estatal de Salud Pública, que servirá para hacer frente a amenazas sanitarias para la población. La tramitación del organismo, muy demandado por los profesionales, se acometió por la vía de urgencia pero se vio truncada por las elecciones.

El mes pasado la nueva ministra, Mónica García, retomó el proyecto, que primero deberá ver aprobada la ley de la Aesap y después el estatuto que regirá su funcionamiento. Entre medias, Sanidad deberá articular con Política Territorial el proceso de descentralización de la sede, pues como todo ente de nueva creación está obligado a instalarse fuera de Madrid, según aprobó el Gobierno central la pasada legislatura.

Aragón no ha perdido el tiempo y ha impulsado rápidamente la candidatura, retomándola donde la dejó antes del cambio de gobierno en el Pignatelli tras las elecciones del 28-M. Dos grupos de trabajo, uno técnico y otro institucional, arman ya la propuesta, que según todas las fuentes consultadas será una de las favoritas, pues cumplirá cualquier requisito que finalmente se exija. Desde las comunicaciones por autovía, tren o aeropuerto, hasta el tejido investigador, pasando por las opciones de traslado para los futuros trabajadores, Zaragoza despunta. En cuanto al edificio en sí, se mantienen el pabellón de Aragón como principal propuesta, aunque no se descarta apostar por una nueva.

En cualquier caso, la competencia también será dura. Hasta media docena de comunidades han anticipado su interés (Castilla y León, Extremadura, Murcia, Galicia, Andalucía y Valencia), y seguramente se unirán más aspirantes.

Zaragoza y Granada, favoritas

De nuevo se postula Granada, que es junto a Zaragoza la que más avanzado tiene el proyecto. Cuenta con importantes puntos a favor pero le resta que su comunidad ya se hiciera con el ‘premio’ de la Agencia Espacial. Mientras, Asturias, con un gobierno socialista y una línea de AVE con Madrid recién estrenada también asoma, así como Valencia, un tradicional competidor.

Sin embargo, la principal rival de todas es Madrid. La presión que está recibiendo el Gobierno central por parte de los profesionales llamados a trabajar en la Agencia para ubicarla en la capital ha encendido todas las alarmas. Y aunque no es la primera vez -Sevilla ya despertó recelos entre los funcionarios-, en esta ocasión parece que la amenaza es más real que nunca, pese a que la regulación aprobada por el Ejecutivo obliga a su descentralización.

"Tenemos que ver cómo dar alojamiento a la ley existente junto con una realidad, y es que no es una agencia pura de nueva creación, sino que va a incorporar personas que ya estaban trabajando en el ámbito ministerial o en el Instituto de Salud Carlos III", reconoció el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.

A ello se suma la conflictividad de los últimos procesos de descentralización, salpicados por la falta de transparencia -no se ponderaron los criterios- hasta llegar a los tribunales. Tampoco se descarta una vía intermedia, en la que los organismos ya existentes permanezcan en la capital, conectados en red con la Aesap, allá donde se instale. Todo queda en manos de Política Territorial.

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