Una vez aprobada la Ley de Amnistía, el independentismo catalán ha lanzado su siguiente órdago al Gobierno central, y este impacta de lleno en los intereses de Aragón. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha detallado este miércoles en Madrid su propuesta para lograr un modelo fiscal diferenciado del resto del país, en forma de cupo similar al vasco y al navarro, lo que le daría el control de todos los impuestos recaudados. Los diputados aragoneses en el Congreso se oponen a esta exigencia al poner en riesgo la “igualdad” y la “solidaridad” entre territorios. La Moncloa también rechaza la idea, que achaca a la convocatoria de elecciones en la comunidad vecina, y mantiene su oferta de reformar el sistema de financiación “entre todos” y “dentro de la Constitución”.

Tras hacer pública ayer su declaración de intenciones, el presidente de Cataluña ha profundizado hoy en la capital del país su propuesta de un nuevo modelo fiscal que rompería con el actual sistema de financiación autonómica. En un desayuno informativo organizado por Europa Press, Pere Aragonés ha reivindicado una fórmula “singular” para su comunidad, pero similar a los cupos vascos y navarros.

De esta forma, la comunidad vecina recaudaría el 100% de los impuestos generados en su territorio, es decir, algo más de 52.000 millones de euros, como “base de una nueva relación bilateral entre el Estado español y Cataluña que ponga fin al maltrato fiscal”. Una vez en sus manos, la Generalitat aportaría un cupo para “contribuir a la equidad entre territorios” pero que estaría “limitado en el tiempo” y “condicionado” a que el resto de comunidades hagan ajustes en sus cuentas. La propuesta rompería el ya maltrecho equilibrio del sistema, según advierten expertos y entidades como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

En este sentido, Aragonés ha reconocido las dificultades para alcanzar un acuerdo, pero ha subrayado que también lo era la Ley de Amnistía, que hoy es ya una realidad. Eso sí, ha puesto condiciones. "No voy a negociar por otros territorios. Pero tampoco voy a aceptar que se condicione desde otros territorio los recursos que deben llegar a la ciudadanía de Cataluña”, ha advertido.

Casi a la misma hora, en el Congreso, la diputada de ERC Teresa Jordá trasladaba el mismo mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. “En Cataluña vivimos muy por debajo de nuestras posibilidades, es imposible tener educación, sanidad y servicios sociales de calidad si solo gestionamos el 9% de los impuestos que generamos, eso es expolio fiscal”, ha denunciado.

Montero rechazaba la tesis, y sin romper los puentes con un socio prioritario para la gobernabilidad del país y para conformar un posible Govern catalán tras las elecciones del 12 de mayo, la ministra de Hacienda recordaba que “nunca Cataluña tuvo más recursos” que con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

“Si hay colapso en la sanidad catalana, si no hay una atención adecuada de dependientes, si la calidad del sistema educativo no es la necesaria, desde luego no es por falta de recursos por parte del Gobierno”, ha incidido la ministra, que se ha reafirmado en su “compromiso” de “impulsar un nuevo sistema de financiación consensuado con los grupos parlamentarios”. Eso sí, Montero cree que solo se podrá alcanzar ese acuerdo “con recursos suficientes y en el marco de la Constitución y de los propios estatutos de autonomía”, lo que de facto descarta la propuesta de ERC.

De hecho, fuentes de la Moncloa vinculan esta nueva exigencia a la precampaña electoral en Cataluña y a un intento de desgastar al favorito en las encuestas, el PSC. La propia Jordá lo ha escenificado en el pleno de la Cámara Baja. “Este es el modelo de financiación de Salvador Illa, el expolio fiscal y que Cataluña siga pagando y callando”, ha denunciado.

Rechazo frontal en Aragón

La polémica se ve con inquietud desde Aragón. La portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación y Deporte, Pilar Alegría, ha reiterado que el Gobierno central está “abierto y dispuesto a plantear un nuevo modelo de financiación para mejorar los servicios que reciben los ciudadanos, pero con todas las comunidades autónomas y siempre respetando el principio de solidaridad territorial”.

En cambio, la oposición teme que las líneas rojas del PSOE con Cataluña se vuelvan a desdibujar a las puertas de una nueva cita con las urnas. “Supone un ataque definitivo a la igualdad y el fin de la solidaridad autonómica”, critica Pedro Navarro, diputado nacional del PP por Zaragoza. “La intención de los socios de Sánchez no es buscar un sistema alternativo, sino volver al mantra fundacional del independentismo, el ‘España nos roba’, con la única intención de manipular a través de las irreales balanzas fiscales”.

“Estamos ante el paso previo a la independencia -añade Navarro- demostrando la mentira que supone la Ley de Amnistía. No buscan convivencia con el resto de españoles sino ruptura y los diputados aragoneses del PP exigimos un sistema que busque el consenso y por encima de todo respete a los aragoneses”.

Por su parte, el diputado de CHA en la coalición Sumar, Jorge Pueyo, reafirma las reivindicaciones aragoneses en una futura negociación del nuevo sistema, que pasan por ponderar en su justa medida las “singularidades” de la Comunidad, como la despoblación, la dispersión y el envejecimiento. “Son variables que determinan un incremento de los costes de prestación de determinados servicios”, advierte.

Pueyo va un paso más allá. “Para nosotros es fundamental que las singularidades aragonesas en materia de financiación recogidas desde 1996 en nuestro Estatuto empiecen a cumplirse. Me refiero al convenio bilateral económico-financiero con el Estado que debe ponerse en marcha ya. Creo que 28 años de retraso ya es suficiente”, reclama.

También pide “la agencia tributaria o instrumento equivalente donde participen la Administración del Estado y la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para mejorar los mecanismos de información, de gestión y de caja”.

Desde Vox, Pedro Fernández ahonda en la misma idea. "No estamos ante un hecho novedoso, sino ante un paso más de esa lógica del chantaje separatista que sólo produce despilfarro, insolidaridad y desigualdad entre españoles", manifiesta.

"Lo que llamamos debate de la financiación autonómica no es más que un conjunto de pequeñas luchas de poder de presidentes autonómicos de todo signo. No es política a largo plazo; no se piensa en mejorar, de forma común, la vida de los españoles", prosigue.

Por ello, el diputado nacional insiste en "un nuevo modelo territorial que garantice la gestión eficiente del dinero de todos y blinde la unidad, la igualdad y los derechos de todos los españoles sin agravios comparativos ni victimismos".