Aragón pide un fondo estatal extraordinario para financiar la recepción de migrantes

La conferencia sectorial de Migraciones celebrada este lunes en Madrid ha avanzado en la simplificación de trámites de la Ley de Extranjería y en el cambio normativo que permitirá establecer una “distribución solidaria y obligatoria” de los menores migrantes entre las distintas comunidades autónomas. La consejera de Bienestar Social y Familia de Aragón, Carmen Susín, ha exigido para ello un fondo extraordinario con el que financiar la acogida de estas personas así como más información por parte del Ejecutivo central.

En concreto, la reforma prevista del reglamento de Extranjería tiene como principal objetivo “reducir las múltiples figuras de permisos ahora vigentes y avanzar en la protección de los derechos de los migrantes”, según han explicado desde el Ministerio. En primer lugar, se van a simplificar las autorizaciones de estancia, de residencia, y de residencia y trabajo, así como los procedimientos administrativos y los requisitos para su tramitación.

En esta línea, se va a potenciar la tramitación telemática de los procedimientos de extranjería y regular el estatus propio de familiares de ciudadanos españoles. Además, se completará la transposición de la Directiva de Tarjeta Azul para trabajadores altamente cualificados y se adaptará la regulación de las estancias por estudios a la Ley Orgánica del Sistema Universitario. De igual modo, se va a desarrollar la autorización de víctimas de violencia sexual y se va a acentuar la protección de los derechos de los migrantes contra la explotación laboral.

En cuanto al reparto de migrantes por el conjunto de las comunidades, un asunto de especial importancia ante la actual crisis migratoria que está sufriendo Canarias, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se ha comprometido a ofrecer información mensual a los gobiernos autonómicos, a los que ha pedido “lealtad institucional para seguir abordando con altura de miras este importante desafío”.

En este sentido, se ha hecho especial hincapié en la acogida de menores, una competencia autonómica, pero que a petición de Canarias será regulada con carácter estatal. Según ha explicado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el Gobierno central está “cerrando” la reforma legal necesaria para establecer una “distribución solidaria y obligatoria” entre las comunidades, sin que ello suponga una merma de su autonomía.

El ministro ha señalado que se está trabajando en el encaje legal, y ha confiado en que la propuesta obtenga en el Congreso al menos el mismo respaldo que recibió en el parlamento canario, donde todos los partidos salvo Vox votaron a favor. No obstante, Ángel Víctor Torres ha recordado que si la reforma no sale adelante, “prevalecería el interés del menor y, por tanto, el Estado haría la distribución con las fichas económicas pertinentes”, tal y como se hace en la actualidad.

El Gobierno central no ha querido aventurar una fecha para tener listos estos cambios, pero la consejera de Canarias, Candela Delgado, ha señalado que el texto podría estar culminado en una o dos semanas con el objetivo de que entre en vigor este verano.

Críticas de las comunidades del PP

Mientras, los representantes de las comunidades gobernadas por el PP se han mostrado críticas tras la reunión. Para la consejera aragonesa, Carmen Susín, ha sido una sectorial “vacía de contenido, con muchas declaraciones de intenciones pero sin ningún compromiso efectivo”.

“Aragón ha seguido reclamando la información, la coordinación y la financiación para atender a estas personas migrantes, tanto a los menores no acompañados que han llegado a nuestra comunidad autónoma, como a los adultos que cuando finaliza el programa de acogida tenemos que obviamente atender e iniciar su proceso de inclusión social entre nosotros”, ha recordado Susín.

Por ello, la DGA ha reclamado un fondo de financiación extraordinario que cubra estos gastos. En la anterior conferencia sectorial, que se desarrolló el pasado 28 de diciembre, Aragón ya demandó una "mayor coordinación, información actualizada y la financiación necesaria” para poder cumplir con los compromisos de la Comunidad en lo que respecta a la atención a los migrantes y en especial a aquéllos que son menores de edad. “Sobre esta cuestión, el Ministerio de Juventud e Infancia pretende solventar el traslado solidario de menores migrantes no acompañados llegados a Canarias y Ceuta con el reparto de 30 millones de euros, una cantidad que la mayoría de las comunidades han calificado como insuficiente”, trasladan desde el Pignatelli.

Por contra, la Delegación del Gobierno en Aragón rechaza las acusaciones de la DGA por falta de coordinación y recuerdan que el delegado, Fernando Beltrán, convocó hace un mes a la consejera a una reunión para abordar este tema. "Llevamos un mes esperando a que se produzca esa reunión", apuntan.