Acusa a su supuesto novio de maltrato y la juez lo absuelve: "Dos no son pareja porque uno lo diga"
Un hombre con una discapacidad del 67% fue denunciado por amenazas en el ámbito de la violencia de género por una mujer que ejerce la prostitución, a la que prestó dinero.
Un vecino de Zaragoza de 49 años, R. G. C., no se podía imaginar que cuando conoció a M. I. G. a través de una página de contactos en la que ella anunciaba sus servicios sexuales acabaría denunciado en los tribunales por distintos delitos, todos leves, pero relacionados con la violencia de género. Sobre todo, porque la relación que establecieron se limitaba a encuentros sexuales a cambio de dinero. La tarifa eran 50 euros, que él pagaba cada vez. Aunque luego ella dijo que eran pareja.
Las relaciones que pudieron tener más allá de esas citas pueden calificarse de amistosas y, cuando se produjeron, consistieron en tomar un café antes de subir al piso en el que ella ejerce la prostitución, o llevarla ocasionalmente en su coche a su domicilio. Estas circunstancias generaron una cierta dependencia de R. G. C. respecto a la mujer, sobre todo porque es una persona con un grado de discapacidad del 67% reconocido desde 2005. Tiene diagnosticado un trastorno de la afectividad y otro de la personalidad que le causan grandes dificultades para relacionarse con otras personas, especialmente del sexo opuesto, y le es prácticamente imposible establecer un vínculo de pareja.
Limitación severa
Los forenses concluyeron que tiene una limitación severa de su capacidad relacional, miedo al fracaso, intolerancia a la frustración y rigidez de conceptos que suponen una merma importante de su imputabilidad por afectación previa de su capacidad de control de impulsos. Todo ello le hace ser una persona vulnerable y muy influenciable. Desde 1995 está en tratamiento psiquiátrico, farmacológico y psicológico.
R. G. C. y M. I. G. contactaron por internet a principios de 2022. y empezaron a mantener relaciones sexuales con precio. En abril, la mujer comenzó a pedirle dinero para afrontar diferentes pagos, desde un viaje al alquiler del piso, ayuda para sus hijos o pagar al abogado para separarse de su marido en Colombia, entre otros. Cada vez que le entregaba alguna cantidad, según declaró él ante el juez, siempre le decía que se la devolvería después del verano cuando regresase de trabajar en Holanda. Entre abril y julio le prestó 6.800 euros.
A lo largo de ese tiempo él seguía asistiendo a sus terapias con el psicólogo, a quien le comentaba los pormenores de su vida, tanto la sexual como putero como la afectiva y profesional. El especialista, en un momento dado, le advirtió de que "no era normal dejar tanto dinero". Este aviso lo puso en alerta y un día decidió no darle más y reclamarle lo prestado. Empezó con los últimos 800 euros para pagar supuestamente el alquiler de junio. Ella desoyó su demanda y, en agosto de 2022, él se presentó en el portal de su domicilio y llamó al telefonillo. La que respondió fue la madre, quien no le abrió. Aprovechando la entrada de un vecino subió al piso, llamó al timbre, dio golpes en la puerta y exigió a la persona que había detrás de la misma los 800 euros con expresiones como "ladrona" o "sinvergüenza".
"Me lo da porque quiere"
El marido de la inquilina avisó a la Policía y R. G. C. fue detenido por amenazas en el ámbito de la violencia de género. La razón fue que cuando M. I. G. fue interrogada sobre el incidente dijo que el hombre era su pareja y el dinero se lo daba porque él quería. La mujer admitió, no obstante, que los 800 euros sí se los había dejado y se había comprometido a devolvérselos. Del resto de la cuantía que R. G. C le ha reclamado ahora por vía civil –además de denunciarla por falso testimonio– M. I. G. dijo: "Él puede decir lo que quiera, pero la realidad es que yo no le debo todo ese dinero". "Yo le he contado mi vida, mis necesidades y él me lo ha dado porque era mi pareja y porque quería dármelo, no porque yo le obligara ni le sacara el dinero de su bolsillo o por servicios pagados", declaró.
El hombre terminó ese día en los calabozos, con una orden de alejamiento y pendiente de un juicio que se celebró en marzo de 2023. Se enfrentaba a una pena de cuatro meses de prisión, pero finalmente fue absuelto por el Juzgado de lo Penal 9 de Zaragoza, como solicitaba su abogado, Alejandro Aldea.
La sentencia concluyó que las declaraciones de la denunciante tenían "numerosas contradicciones". Para la jueza, aunque M. I. G. afirmó que era su pareja no consideró que lo hubiese probado por medio alguno, sino "todo lo contrario". Dio total credibilidad al acusado y entendió que la relación entre ambos era meramente contractual y limitada a los contactos mediando pago. El fallo recoge que la mujer, "al ser consciente de las evidentes las características" de la personalidad del acusado, se "aprovechó" de su carácter influenciable, para pedirle dinero. Y subrayó: "Dos personas no son pareja porque una lo afirme".
R. G. C. está ahora pendiente de otra sentencia por unas presuntas lesiones leves en el ámbito de violencia de género y ya fue absuelto en otro juicio por un quebrantamiento inexistente de la orden de alejamiento del que lo denunció, el hijo de 17 años de la mujer cuando se lo encontró por la calle.
