Aragón recibe 40 millones menos al mes del Estado por la prórroga de los presupuestos

El retraso en la tramitación de los presupuestos generales del Estado, e incluso su posible prórroga definitiva para todo el ejercicio, está teniendo consecuencias desde ya en Aragón. La Comunidad está recibiendo unos 40 millones de euros menos al mes de financiación autonómica, ya que se están aplicando las transferencias a cuenta del año pasado. Además, entre otros efectos colaterales, las inversiones se ven limitadas a lo reflejado en los plurianuales, ya que no se pueden impulsar nuevas obras hasta que no haya cuentas en vigor. Y no las habrá mientras el PSOEy sus socios de investidura, en especial Junts, no lleguen a un acuerdo sobre la ley de amnistía, que afronta sus dos semanas decisivas en el Congreso.

Los presupuestos generales del Estado se prorrogaron automáticamente a final de año. La investidura fallida del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras el resultado electoral del 23-J, unido a las complejas negociaciones de Pedro Sánchez para armar una mayoría alternativa en el Congreso hizo inviable aprobar unas cuentas en tiempo y forma. Una vez reeditado el Gobierno de coalición, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se fijó el mes de marzo para armar y presentar un proyecto presupuestario.

Sin embargo, las ataduras del PSOE con sus socios de investidura van a hacer imposible esa previsión. "Mientras no se desbloquee la ley de amnistía no habrá presupuestos", reconocen fuentes socialistas en los pasillos del Congreso, donde las quinielas sobre un posible acuerdo varían de un extremo a otro, y pocos descartan de plano una prórroga definitiva de las cuentas.

En la actual etapa democrática, se han prorrogado los presupuestos en nueve ocasiones. La extensión más llamativa fue la de las cuentas que dejó aprobadas el ministro Cristobal Montoro (PP) en 2018, ya que fruto de la inestabilidad política perduraron hasta 2021. Pero, ¿qué repercusiones tiene para las comunidades?

De momento, el Gobierno de Aragón está recibiendo más de 40 millones de euros menos cada mes por las transferencias a cuenta del Estado. Es la consecuencia de aplicar las cifras previstas en la financiación autonómica del año pasado, y no las de este. Este agujero se corregirá cuando se ratifique un nuevo presupuesto o, en caso de prórroga definitiva, con la aprobación de un Real Decreto Ley que habilite los importes previstos para este 2024.

Mientras tanto, la merma de ingresos está generando tensiones en la tesorería de la DGA, según advierten desde el Pignatelli. En este sentido, el Ejecutivo autonómico está "tirando" de créditos para afrontar los gastos mensuales. Para ello disponen de autorización para algo más de 700 millones de euros de cuentas a corto plazo.

De igual modo, las inversiones se limitan a las obras en curso y a lo previsto en las partidas plurianuales del presupuesto del año pasado. Nada de proyectos nuevos, salvo casos de emergencia.

Para salvar este tipo de restricciones, el Gobierno central puede hacer uso de los decretos-ley, como los aprobados para prorrogar las medidas anticrisis frente a la guerra de Ucrania.

Una fórmula similar debería utilizar la Moncloa para cumplir con la promesa de mantener las ayudas a los autónomos de la provincia de Teruel, cuya tarifa plana reducida ha decaído al estar vinculada a los presupuestos de 2023. El Gobierno central se comprometió a incluirlas en las nuevas cuentas estatales y aplicarlas con retroactividad desde el 1 de enero.

Hacienda asume el veto del PP sobre el déficit y la DGA lo incumplirá

El segundo intento del Gobierno de aprobar el techo de gasto y los objetivos de déficit de este año pasará el jueves por el Congreso tras el veto inicial del PP en el Senado. Y no parece que las partes hayan acercado posturas en aras del acuerdo. En las comunicaciones con el Pignatelli sobre los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) no hay rastro del margen de gasto, lo que apunta a que la Moncloa cumplirá su amenaza y se ceñirá al plan de estabilidad entregado a la UE el año pasado, en el que se exigía equilibrio financiero.

Desde el PP critican la falta de disposición del Gobierno central a negociar con las comunidades. En el caso de la DGA, se descarta modificar el presupuesto de 2024, diseñado con un 0,1% de déficit, margen que, en consecuencia, se inclumplirá.

Desde las filas socialistas, en cambio, critican que la oposición política a Pedro Sánchez lleve al PP a "castigar" a sus propias comunidades.