Caso mascarillas: el sospechoso negocio de la empresa de Zaragoza que facturó 51 millones en 4 meses

Soluciones de Gestión logró los encargos de Fomento e Interior y de los gobiernos insulares en lo peor de la pandemia, de marzo a junio a 2020.

Sede de Soluciones de Gestión en el edificio Aida de Zaragoza, en la que este jueves no había personal.
Sede de Soluciones de Gestión en el edificio Aida de Zaragoza, en la que este jueves no había personal.
José Miguel Marco

Siete días después de que el Gobierno de Pedro Sánchez declarara el estado de alarma por la pandemia, la empresa zaragozana implicada en el caso Koldo lograba su mayor contrato, 20 millones de euros por el suministro de "mascarillas profilácticas" para Puertos del Estado. Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL iniciaba así el 21 de marzo de 2020 una carrera tan fulgurante como corta de adjudicaciones del Estado y de los ejecutivos socialistas de Baleares y Canarias.

Esta pyme de cuatro trabajadores, que apenas había facturado en los dos ejercicios previos, logró 9 contratos por un importe superior a 51 millones en solo 4 meses para suministrar mascarillas y material de protección. En todos los casos, las administraciones recurrieron a procedimientos negociados sin publicidad, tal y como figura en la plataforma de contratación del sector público.

El director general de la compañía zaragozana, José Ángel Escorial, ha sido detenido y puesto en libertad, al igual que una veintena de personas por el supuesto cobro de comisiones en la compra de mascarillas por los ministerios de Transportes e Interior y los gobiernos de Baleares y Canarias. Entre los implicados está la mano derecha del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, la mujer de este último y el empresario Víctor de Aldama.

A la oficina de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, ubicada en el edificio Aida, no acudió nadie a trabajar este jueves ni tampoco atendieron llamadas ninguno de sus cuatro empleados dados de alta. El silencio era sepulcral en el oficina 2 de la tercera planta del inmueble, cuyo personal reconocía a HERALDO que su presencia no atendía a horarios y era esporádica. 

Dos años antes de la pandemia, esta empresa especializada en servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico facturaba únicamente 100.000 euros y declaraba unas pérdidas de 1,1 millones. La situación cambió radicalmente con la covid, dado que entre el 21 de marzo y el 19 de junio de 2020 consiguió nueve contratos con la Administración que le reportaron unos ingresos de 51,2 millones.

Las adjudicaciones llegaron en cascada. A la citada con Puertos le siguió seis días después otra con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), otro ente público controlado por el Ministerio de Fomento cuyo máximo responsable era José Luis Ábalos. Se trató igualmente de un jugoso contrato, de 12,5 millones, para suministrar 5 millones de mascarillas FFP2.

Transcurrido menos de un mes, el 20 de abril, llegó el tercer y último contrato estatal, de 3,4 millones, para material de protección para el personal de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y de sus órganos dependientes. Por ello, el número dos ministerial, Rafael Pérez, tuvo que prestar declaración este miércoles en calidad de testigo ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), que dirige la investigación junto a la Fiscalía Anticorrupción.

Las adjudicaciones no acabaron ahí, ya que dos días después, el 22 de abril de 2020, empezaron los encargos bajo sospecha de los gobiernos insulares. Baleares le hizo dos por 3,74 millones para el suministro de mascarillas FFP2, que incluía el cobro de 46.872 euros por "servicios de gestión necesarios para la adquisición y trámites aduaneros de pedidos de material sanitario covid".

El negocio fue más sustancioso con el Ejecutivo de Canarias, ya que le encargó igualmente mascarillas, en este caso del tipo KN95 para el Servicio Canario de la Salud, por 11,7 millones en tres contratos entre abril y junio de 2020. Además, la pyme zaragozana se llevó otros 417.814 euros por el "servicio de transporte, fletes aéreos y seguros".

La actividad se suspendió antes del verano y ya no hay constancia de nuevas operaciones en la plataforma de contratación del sector público. El reflejo en las cuentas de la empresa zaragozana fue muy claro, ya que pasó de declarar 53,1 millones como cifra de negocio en 2020 a  cerrar con tan solo 2 millones un año después. Y esto tuvo su traslación al resultado del ejercicio, ya que los beneficios de casi 4 millones se redujeron a 276.552 euros en 2021, las últimas cuentas registradas por Soluciones de Gestión.

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