Sánchez aparca la Conferencia de Presidentes hasta después de las elecciones vascas

El Gobierno central no convocará la Conferencia de Presidentes que exige desde hace meses el PP hasta que se celebren las elecciones en el País Vasco, cuya fecha aún se desconoce pero que apunta al mes de abril. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha rechazado las urgencias de los barones conservadores como el aragonés Jorge Azcón, y ha garantizado que este órgano de debate previsto en el Senado se reunirá en dos ocasiones este año, tal y como refleja su reglamento. Desde la DGA hablan de "excusas" y reiteran su demanda.

“Los procesos electorales afectan, hay gobiernos en funciones y es lógico esperar para tener a los representantes elegidos”, ha explicado el ministro en rueda de prensa en referencia a las gallegas del domingo, pero también a las vascas que se celebrarán este año. Según se ha trasladado desde el País Vasco, los comicios en esta comunidad podrían fijarse para el mes de abril, lo que apretaría notablemente el calendario si la Moncloa quiere cumplir con la obligación de reunir en dos ocasiones la Conferencia de Presidentes.

Según fuentes del Ministerio, las elecciones europeas del mes de junio “no deberían interferir” en la celebración de dicha Conferencia, aunque no es descartable que el Gobierno central también espere a esta importante cita con las urnas para no distorsionar la campaña.

Azcón y el resto de barones del PP reclaman desde hace meses hacer uso de esta herramienta para abordar polémicas como la ley de amnistía, la condonación de la deuda autonómica o la trasferencias de competencias tras los pactos de investidura de Sánchez. También para debatir la reforma del modelo de financiación autonómica y, tal y como demandó el presidente de Aragón esta misma semana, para buscar soluciones a las reivindicaciones el campo.

En este sentido, Torres ha recordado que la Conferencia de Presidentes “no es un órgano de debate partidario, sino de consenso, de acuerdos compartidos”. “El PP lo está utilizando, me da lástima”, ha lamentado. Además, ha reiterado que la potestad última para convocar esta reunión es exclusiva del Presidente del Gobierno, aunque la puedan solicitar una mayoría de líderes autonómicos, como ha sido el caso. “Hay quien quiere engañar a la población”, ha criticado.

En cambio, desde el Gobierno de Aragón consideran que el ministro recurre a "excusas" para no convocar una Conferencia "más que necesaria". Desde el Pignatelli apuntan que "si alguien la está utilizando políticamente es el Gobierno central" al dilatar una reunión que, insisten, sí está en manos de una mayoría de presidentes "tal y como recoge el reglamento".

El Ejecutivo autonómico argumenta que "hay fechas de sobra" para convocar la cumbre y hablan de "falta de respeto político y a la democracia". Además, recuerdan que el presidente Azcón solicitó una reunión con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para abordar los problemas de sequía en la Comunidad. "Ni siquiera se han molestado en contestarnos, lo que supone un desprecio intolerable a los ciudadanos aragoneses", denuncian.

Conflictividad con las comunidades

Torres ha hecho estas declaraciones en una comparecencia de balance sobre la gestión de su Ministerio en la pasada y en la actual legislatura, tanto en lo referido a las trasferencias de competencias como en la mediación de las reclamaciones entre el Estado y las comunidades autónomas. En este sentido, ha subrayado que “la conflictividad se ha reducido un 70%” desde que Sánchez está en la Moncloa en comparación con la anterior etapa del PP.

En concreto, el número de impugnaciones presentadas por el Estado frente a normas autonómicas ha pasado de 106 a 36, mientras que en el sentido contrario, cuando es la comunidad la que recurre una regulación nacional, se ha pasado de 87 con Mariano Rajoy a los 26 actuales. "Hemos llegado a muchísimos acuerdos cuando parece que estamos en una etapa de crispación", ha subrayado el ministro.

Respecto a la situación de estos pocos meses de la actual legislatura, el ministro ha detallado que se han alcanzado 26 acuerdos, 3 de ellos con Aragón, lo que ha evitado el correspondiente recurso al Tribunal Constitucional. No fue así con el decreto de regulación de las energías renovables que dejó aprobado el socialista Javier Lambán antes de abandonar el Pignatelli. En este caso, las partes no llegaron a un entendimiento y serán los magistrados los que decidan.

Para Torres, no obstante, el cambio político tras las elecciones autonómicas del 28-M del año pasado, por el cual el PP pasó a gobernar en la mayoría de las comunidades, ha empeorado el clima de entendimiento. Y como ejemplo ha utilizado el veto de los conservadores a la senda de déficit planteada por el Gobierno, que tendrá como consecuencia una pérdida del margen de gasto del 0,1%, unos 40 millones de euros en Aragón.

“Hago un llamamiento al PP para que defiendan el bienestar de los ciudadanos donde gobiernan, que hagan una oposición que vele por el interés general”, ha reivindicado.