salud

Aragón impugnará la orden del Ministerio de Sanidad que obligó al uso de la mascarilla

Vaquero señala que se "incumplió" el procedimiento establecido y que lo hacen por una cuestión de "ejemplaridad". 

Foto del Hospital Clínico de Zaragoza, con la obligatoriedad del uso de la mascarilla
Foto del Hospital Clínico de Zaragoza, con la obligatoriedad del uso de la mascarilla
Toni Galán

El Gobierno de Aragón impugnará ante la jurisdicción contencioso-administrativa la orden del Ministerio de Sanidad del 10 de enero por la que aprobó implantar el uso de mascarillas en centros sanitarios ante el incremento estacional de infecciones respiratorias agudas no por el fondo, sino por entender que no siguió el procedimiento adecuado.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la vicepresidenta segunda, Mar Vaquero, quien ha subrayado que el Gobierno de Aragón no cuestiona la obligatoriedad del uso de la mascarilla y, de hecho, el Departamento de Sanidad ya había decidido implementar esta medida aplicando criterios técnicos.

El Gobierno de Aragón estableció la obligatoriedad de uso de mascarilla para los profesionales que prestaban atención directa a los usuarios, no sólo en centros sanitarios, también sociosanitarios, con un determinado nivel de incidencia de enfermedad respiratoria y, al seguir subiendo, se hizo extensivo a los usuarios en las salas de espera de los centros sanitarios.

El ejecutivo aragonés ha decidido ahora emprender acciones legales contra la orden ministerial por no seguir el procedimiento adecuado, ya que en aplicación de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, una decisión de este tipo debe ir precedida del acuerdo previo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), algo que no ocurrió.

Para el Gobierno de Aragón, omitir este trámite supone incurrir en un vicio de procedimiento que implica, por su relevancia, la nulidad de pleno derecho del acto citado. "Es una cuestión de lealtad institucional y ejemplaridad", ha defendido Vaquero, quien ha destacado que el Ejecutivo nacional "no puede tomar este tipo de medidas sin acogerse al imperio de la ley". 

Este acuerdo, no obstante, no sería necesario en situaciones de urgente necesidad, una circunstancia que desde el Gobierno de Aragón se entiende que no se ha dado en esta ocasión. 

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