Alfonso Peña: "Ha habido malos momentos por algún informe, pero no presiones políticas"
El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón deja la institución con la "espina clavada" de no haberla dotado de sede propia, pero convencido de haber contribuido a mejorar el entramado público.
Lo ha sido todo, desde interventor general a presidente de la Cámara de Cuentas. ¿Ahora qué?
Es el momento de volver a mi casa, a mi profesión, de la que siempre he estado muy orgulloso.
¿Sabe que puesto va a ocupar?
No, no, todavía no ha llegado ese momento.
¿Le habría gustado repetir en la Cámara de Cuentas?
No me hubiera importado.
¿Se va con alguna espina clavada?
Me duele un poquito que no se haya resuelto el tema de la sede definitiva de la Cámara.
¿No tiene caché como institución para tenerla?
Lo tendrán que valorar otros. La Cámara merecería tener una sede, acorde con la importancia que tiene la institución en el entramado aragonés. Lo razonable es que los poderes públicos buscaran una solución para dotarla de una sede permanente y digna.
Renovación total, por primera vez, en catorce años. ¿Lo han hecho mal, les tenían ganas o tocaba hacerlo?
No lo valoraría como cuando se produce un cese, como un reproche o como que se haya querido, por algún motivo, sacarnos a todos. Se ha optado por la renovación total, que tiene algunas fortalezas, como dar un nuevo impulso a la institución sin depender de la opinión de personas que la han construido. Y tiene alguna debilidad, al resentirse la posibilidad de darle continuidad.
Parece que estuviera exponiendo un informe de fiscalización.
(Risas). Bueno, cada uno tiene sus propias cosas de la profesión.
¿Lo esperaban o no? Supongo que lo habrán hablado.
En estos procesos, cuando observas que van transcurriendo los plazos y nadie te llama para tantear si quieres volver a ser candidato… Ya vas sabiendo que no van a contar contigo.
¿Qué le parece el nuevo equipo?
No soy la persona más adecuada para valorarlos.
Pero tendrá una opinión.
Bueno, quizás hubiera balanceado algo más los perfiles, no hubiera insistido tanto en el perfil jurídico hacia un enfoque económico. Supongo que los grupos parlamentarios habrán hecho muchas valoraciones para pensar que son los mejores. Y mi obligación es pensar que van a ser los mejores y que van a tener gran desempeño.
¿Les da algún consejo?
Sí, que hagan informes útiles, claros y precisos y que tengan impacto para que no se queden en el cajón de las administraciones. En esa orientación hemos trabajado durante estos seis años. Y hemos considerado importantísimo comunicar bien nuestro trabajo, que es demasiado técnico. Es lo que al final da confianza y hace útil a la institución. Creo que el sector público aragonés está mucho mejor hoy que como estaba en 2010, cuando empezó su andadura la Cámara de Cuentas. Y, modestamente, quiero pensar que en esa mejora en el funcionamiento, en la que queda mucho recorrido todavía, en algo hemos contribuido.
Tras 14 años en la Cámara de Cuentas. ¿De qué sirve un órgano fiscalizador sin capacidad coercitiva?
Es un tema recurrente. Si tuviera capacidad de imponer sus recomendaciones, el procedimiento tendría que cambiar radicalmente. Los informes deberían ser recurribles y eso complicaría un poco las cosas. Yo siempre pongo todo en contexto. Los órganos equivalentes a nivel nacional y europeo no pueden imponer sus recomendaciones.
¿Sería más útil?
Somos instituciones persuasivas. Tenemos que convencer de que las cosas que recomendamos se tienen que implantar en función de la solvencia de nuestros trabajos. Y al final del mandato no tengo una impresión muy negativa de que la falta de eficacia de los informes de la Cámara de Cuentas pueda deberse a que no tengamos unas potestades coercitivas.
Su predecesor pedía más medios. ¿Lo comparte o se ha arreglado?
Hemos hecho muchísimos esfuerzos para intentar dotar de más medios a la Cámara, pero tengo una cierta sensación de que ha sido como tejer y destejer. A la vez que incorporas nuevos medios, pues la gente se jubila.
Es decir, no se han creado más plazas.
En términos netos, se han cubierto las plazas que se quedaban libres. Casi lo único que conseguimos es mantener el mismo número de efectivos, que no es poco.
¿Y harían falta más?
Para cumplir bien su misión, tendría que tener unas 15 personas más. Con nuestro presupuesto sería posible, haciendo las oportunas reestructuraciones, encajar esas nuevas necesidades de la plantilla. Me queda un sabor agridulce, las limitaciones que hemos tenido para desplegar un control suficiente sobre el sector público local, porque en el ámbito autonómico sí que creo que hemos llegado con intensidad a hacer una fiscalización efectiva.
¿Y cómo se llegaría, con más medios?
Sí, y se lo diremos al nuevo equipo. Manejábamos una idea, no solo incorporar medios fijos a la plantilla, sino abrir la colaboración con profesionales para poder desplegar algunos programas de choque en el ámbito local.
Es decir, externalizar trabajos.
Sí, para poder abordar rápidamente algunas cosas que consideramos urgentes en el ámbito local. Penetrar en el sector local con un nivel de representatividad suficiente, no solo las grandes capitales o las diputaciones provinciales. Hemos identificado riesgos en los pequeños ayuntamientos.
Sincérese, ¿han sufrido presiones políticas?
No, se lo digo con total sinceridad.
¿Nada?
Ha habido malos momentos, discusiones con las entidades por el enfoque de algún informe o por la forma en la que se ha comunicado, pero con el trabajo terminado. Sí es verdad que la gente se enfada, pero no ha habido presiones. Se lo diría igual y lo sabe. Tengo que agradecer que nos han dejado trabajar con completa libertad y que, además, hasta donde han tenido posibilidades, han colaborado para que pudiéramos hacer nuestro trabajo fiscalizador con claridad y con total sinceridad.
¿Y se han sentido utilizados en algún momento?
¿Por peticiones de fiscalización de las Cortes?
Por ejemplo.
Esa es una pequeña diferencia de criterio que hemos tenido con el Parlamento. Nosotros sostenemos que la iniciativa fiscalizadora tiene que residir en su totalidad en la Cámara, pero las Cortes también una participación prevista en la elaboración del programa de fiscalización, expresando sus prioridades, pero abiertas. Eso no es encargar un informe envuelto y cerrado con un lazo, porque entonces pueden utilizar la Cámara al servicio de intereses políticos.
¿Y eso lo ha detectado en sus catorce años?
Sí, lo hemos visto cuando nos pedían desde el Parlamento un informe en concreto sobre algún ayuntamiento,
Los reparos y las irregularidades se repiten año tras año en sus informes. ¿La calidad de la gestión es buena o mala?
Me sorprende que en procedimientos muy trillados como es la contratación, esos errores se sucedan año tras año, no mejoran. Y seguimos teniendo problemas en los criterios de adjudicación de los contratos o en la aprobación de las revisiones de precios. Nos produce un poco de desazón. Se ha complicado la contratación pública, pero los poderes públicos tienen que reaccionar, prever que tienen que dotar de más medios o profesionalizarlos. Los problemas se resuelven abordándolos.
¿Cuántos informes han acabado en la fiscalía ordinaria?
Que yo recuerde, tres. Algunas adjudicaciones de depuradoras que acabaron archivándose, un asunto de un ayuntamiento por responsabilidad penal y otro que no culminó la acusación porque falleció la persona que utilizó indebidamente los fondos públicos.
