La Cámara de Cuentas afea que Aragón solo gastara un 24% de los fondos de recuperación en 2021 y 2022
En la presentación de la fiscalización de la DGA, su presidente insta a aprobar una normativa para regularizar la contratación a dedo, que ascendió a 432 millones.
El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña, ha afeado al Gobierno de Javier Lambán que “solo” llegara a ejecutar un 24% de los fondos europeos de recuperación concedidos a la Comunidad en 2021 y 2022, es decir, 154,6 de los 492 millones recibidos hasta ese momento.
En su comparecencia ante pleno de las Cortes para dar cuenta de los dos últimos informes de fiscalización de la DGA, no solo ha censurado la "baja ejecución global", especialmente en algunos de los fondos con mayores dotaciones, como los de Medio Ambiente y Educación, sino el hecho de que fuera prácticamente nula en Energía y Vivienda, con menos de un 1% sobre los 86 y 68 millones asignados respectivamente. Sus afirmaciones han servido a los grupos parlamentarios que sustentan al Ejecutivo autonómico, PP y Vox, a criticar la "mala gestión" socialista.
Aunque ha recordado que los fondos no se pierde y hay de plazo hasta 2026 para su ejecución, Alfonso Peña ha expuesto que hay "motivos de preocupación" porque se traslada una mayor carga de gestión al periodo final del programa. Por ello, ha planteado al actual Ejecutivo de Jorge Azcón la necesidad de reforzar los equipos encargados de la gestión para garantizar el buen fin de los proyectos. Además, ha aludido a que los principales beneficiarios de estas ayudas lanzadas por la crisis de la pandemia son entes públicos
El presidente de la Cámara de Cuentas también ha vuelto a reprender a la Administración autonómica por la contratación directa en los dos ejercicios analizados, dado que el importe de las adjudicaciones a dedo se elevaron a 432 millones. De este importe, el 75% corresponde a la compra de suministros sanitarios en los que no cabía una licitación, como siempre incide el Ejecutivo autonómico, al tratarse de productos que fabrican un sola compañía.
Ante esta situación, ha recomendado emular a otras autonomías que han desarrollado una normativa específica aprovechando los márgenes que permiten las directivas y la legislación básica estatal. De esta forma, ha explicado que se podrá atender la singularidad de este tipo de compras y su "difícil encaje" en los procedimientos de la Ley de Contratos del Sector Público.
Alfonso Peña ha recordado que gracias a la financiación extraordinaria por la covid, tanto de la UE como del Estado, se dispuso de unos presupuestos expansivos de más de 7.000 millones. El mayor volumen se destinó al programa de asistencia sanitaria, a la amortización y gastos financieros de la deuda, a sufragar la educación, a la política agraria común y al mantenimiento de los servicios sociales.
En la línea de las críticas del actual consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, a la infradotación de las partidas para los conciertos en educación con la que ha acabado en las cuentas de 2024, la Cámara de Cuentas destaca que no se contabilizaron en los gastos plurianuales la totalidad de los compromisos asumidos. Y como ejemplo, Peña ha puesto el ejercicio de 2022, en el que el gasto real de la concertada ascendió a 198 millones mientras el compromiso para esa anualidad contabilizado al cierre de 2021 ascendía a 22 millones.
Igualmente, ha reiterado su advertencia sobre la elevada temporalidad de la plantilla de la DGA, que al cierre de 2022 ascendía al 49,5% de los 60.665 empleados públicos. El porcentaje, ha resaltado, es muy superior al del conjunto de las administraciones públicas, que ronda el 30% y ha lamentado que ninguno de los procesos de estabilización aprobados ha reducido las tasas de temporalidad. Es más, ha incidido que siguen aumentando "de forma lenta y progresiva", pasando del 47% en 2018 al 49,5% en 2022.
Tampoco ha pasado por alto el "deterioro muy significativo" del periodo medio de pago a proveedores, dado que la DGA ha pasado de abonar sus facturas con un promedio anual de 35,8 días en 2021 a 50,9 en 2022. Eso sí, lo ha achacado al retraso en el pago en el ámbito sanitario, que representa el 62%, y que penaliza el cálculo global.
