Las empresas niegan ante la comisión de las renovables "tratos de favor" en Aragón
Hasta diez representantes lamentan en las Cortes la lentitud administrativa en los últimos años y aseguran que la exigencia ambiental es similar en otras autonomías.
Era casi un guion escrito. Diez de las principales empresas implicadas en la planificación, desarrollo y explotación de parques eólicos y solares de Aragón han negado este viernes en las Cortes de Aragón cualquier “trato de favor” en la tramitación de los permisos. También han asegurado que las exigencias medioambientales y administrativas son similares a las de otras autonomías, aunque sí han sido críticos con la "lentitud" en los plazos, especialmente en los últimos cuatros años, en coincidencia con el 'boom' que vivió el sector.
Estos son tres de los principales argumentos expuestos durante diez horas por los representantes de las compañías en la primera sesión de comparecencias de la comisión de investigación, constituida para fiscalizar las autorizaciones del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) a los proyectos de energía verde. Todo ha transcurrido a puerta cerrada por decisión de los dos grupos de coalición en la DGA, PP y Vox, y de los dos que fueron responsables de la gestión de los permisos en la pasada legislatura, PSOE y PAR.
El responsable de la división tecnológica del Grupo Jorge, Alberto Martín, ha sido el primero en tomar la palabra y ha sido contundente sobre una de las principales críticas al sector, el fraccionamiento de grandes actuaciones en proyectos de 50 megavatios para ser tramitados por la DGA, supuestamente más laxa que el Ministerio. A este respecto, ha subrayado que esta práctica se ha hecho por minimizar riesgos, dado que se debe conseguir primero el derecho de acceso y conexión a las redes eléctricas y es "más fácil" lograr así varios parques y no se arriesgan a quedarse sin nada. Igualmente han entrado el resto de comparecientes, como Ángel Collado, de Opde.
La directora general de Atalaya, Isabel del Campo, ha valorado "positivamente" la tramitación en Aragón, aunque ha reconocido como otros representantes empresariales que desde 2020 la Administración "no ha sido tan ágil", lo que ha puesto en directa relación con la avalancha de expedientes.
En la misma línea, Iván Lombardo, de EDP, ha apuntado que el equipo humano no estaba dimensionado para sacar adelante "semejante volumen" de trabajo, mientras Andrea Ochoa, de Efelec, ha indicado que se estaba priorizando grandes proyectos.
Del Campo ha incidido en que las exigencias legales en materia ambiental son "similares" en Aragón a las de otras autonomías y, como otros, ha señalado que es "normal" reunirse con responsables de los distintos niveles de la Administración. Lo mismo ha expuesto Ramón White, de Enel, quien no se ha pronunciado sobre si había o no especulación, sin dejar de reconocer la eclosión "por el interés del negocio". A la acumulación de proyectos también se ha referido el último en hablar, Ignacio Navarro, de Enerlad, quien ha insistido en que los requisitos son "parecidos" en otras autonomías.
Uno de los más claros ha sido Luis Serrano, consejero delegado de CEAR, quien ha explicado que han desarrollado entre 700 y 800 megavatios "sin hacer ruido" y convencidos del "absoluto respeto al territorio" y de la necesidad de llegar a "consensos" para implantar las renovables, que ha pedido "no demonizar". Eso sí, ha sido autocrítico al exponer que la autorregulación del sector no ha funcionado como debiera, en el sentido de no acometer proyectos en zonas de especial valor y en localidades que se oponen.
No se ha quedado ahí, ya que ha propuesto, para solventar la oposición en el territorio, justificar un 80% de acuerdos sobre el suelo de los parques para tramitar los proyectos y declarar zonas de exclusión por su valor medioambiental o turístico. Además, ha planteado favorecer, con medidas de diversa índole, que la energía producida en Aragón revierta en su mayor parte en proyectos locales.
De Samca ha acudido Javier del Pico, quien ha defendido el beneficio que los proyectos están dejando en los municipios mediante impuestos y arrendamientos de parcelas. Y ha justificado las expropiaciones porque las renovables son "de interés público".
La intervención de Forestalia
En buena medida, el interés de la jornada estaba puesto en la intervención de Luis Marruedo, ex alto cargo en los gobiernos de Iglesias y Rudi y ahora directivo de Forestalia, con quien los diputados han sido especialmente incisivos. La empresa ha focalizado buena parte de las críticas con sus macroparques y sus autopistas eléctricas, pero Marruedo ha defendido que se han sentido "igual de tratados" que el resto de promotores y ha subrayado que el único ex alto cargo de la DGA que está en un consejo de administración del grupo es él. Y ha aclarado que el exconsejero Alfredo Boné se desvinculó en 2019.
El directivo, al que han hecho un centenar de preguntas y solo tenía 40 minutos para responder, ha negado que haya "fraude de ley" ni que se "burlen" procedimientos por el hecho de tramitar proyectos de 50 megavatios, que son más viables. De hecho, ha especificado que se han sometido más al control ministerial que al del Gobierno de Aragón y ha negado que el hecho de corregir un proyecto tras someterse al trámite de información pública obligue a sacarlo de nuevo, salvo que tenga efectos significativos.
