El sector de las renovables avisa de que el tributo aragonés "amenaza" una inversión milmillonaria
Sostienen que también se pondrá "en riesgo" la implantación de industrias en la Comunidad que buscan el abaratamiento de costes eléctricos y, con ello, "miles de empleos".
Las dos principales asociaciones empresariales del sector de las renovables advierten al Gobierno de Aragón de que el nuevo impuesto autonómico a los parques eólicos y solares fotovoltaicos "amenaza" el desarrollo de nuevos proyectos y, por tanto, "pone en riesgo" la inversión milmillonaria comprometida en las tres provincias.
Del mismo modo, alertan de que están en juego los "miles de empleos" que se pueden llegar a generar, dado que podría afectar igualmente a inversiones de otras industrias, "debido al efecto que las renovables tienen en el abaratamiento de costes".
En un comunicado conjunto, la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables) y la Asociación Empresarial Eólica (AEE) aseguran que el proyecto de ley tramitado este martes por el Consejo de Gobierno, que ahora se remitirá a las Cortes de Aragón para su aprobación, frenará actuaciones no solo de renovables sino de electrificación que necesita la Comunidad para dotarse de energía limpia y autóctona.
Las dos entidades subrayan que Aragón fue pionera en el desarrollo renovable, lo que ha permitido que en la actualidad sea la quinta autonomía en potencia instalada, pero avisan de que su liderazgo estaría en riesgo con la presión fiscal. Además, señalan que dañaría la seguridad jurídica de las inversiones en Aragón.
Su oposición no se queda ahí y sostienen que el futuro impuesto podría ser "contrario" al marco europeo en materia de fiscalidad energética y de desarrollo y penetración de las renovables. Así, apuntan que el reglamento de la Comisión Europea considera que las instalaciones eólicas y fotovoltaicas contribuyen, de forma sustancial, a mitigar el cambio climático, por lo que sostienen que no se podría justificar un impuesto que, en opinión del Gobierno aragonés, internalice los costes sociales y ambientales.
Por todo ello, insisten en que el tributo encarecería "innecesariamente" los proyectos y dificultando su financiación, "frenando la creación de empleo y riqueza en la región".
Tres autonomías ya cobran el impuesto
Pese a sus críticas, este gravamen se está aplicando desde hace más de una década en otras tres autonomías, Galicia, Castilla-La Mancha y Castilla y León, sin que haya sido un impedimento para que encabecen el desarrollo de la energía verde en España junto a Aragón.
En el caso de Aragón, su implantación está prevista en abril y en este primer ejercicio está prevista una recaudación estimada en 30 millones de euros. Estos ingresos ayudarán a compensar las primeras rebajas fiscales comprometidas por el Gobierno PP-Vox, que empezarán con la deflactación del IRPF y los primeros ajustes en Sucesiones y Patrimonio.
