El Congreso de los Diputados ha retomado esta semana la tramitación de una ley que busca acabar con la exclusión financiera de los miles de pueblos, 430 de ellos en Aragón, que no cuentan con una oficina bancaria. Para ello, la propuesta, que nace del Parlamento catalán y cuenta con el aval de los dos grandes partidos, apuesta por instalar un cajero automático en todos estos municipios para poder efectuar las gestiones más básicas.

Según los datos del Banco de España, Aragón cuenta en la actualidad con 846 sucursales bancarias repartidas en 294 municipios. Es decir, el 60% de los pueblos de la Comunidad no tienen acceso a este servicio. Es el resultado de un proceso de ajuste iniciado por los bancos y cajas tras la crisis inmobiliaria de 2008 y que ahora parece tocar fondo.

Aquel año se alcanzó el número máximo de oficinas en Aragón, con 1.796. Los efectos de la recesión y el cambio de modelo de gestión hacia uno digital e interactivo han ido reduciendo esa cifra hasta las 846 actuales. Pero en el último año solo se han perdido cuatro, pues en 2022 la red contaba con 850 sucursales.

Cómo prestar este servicio básico a la población rural que carece de él es una preocupación de las administraciones, que desde hace años vienen buscando soluciones, de momento sin muchos resultados, más allá de experiencias piloto, como las oficinas móviles o el 'cash back' o 'cash in shop', que ofrece a los vecinos dinero en efectivo mediante el uso de la tarjeta bancaria en los comercios del municipio.

Hace dos años, el Gobierno de Aragón firmó un convenio con las tres diputaciones provinciales para llevar un cajero a todos los municipios de la Comunidad, pero de momento no se ha ido más allá del compromiso. Con el actual Ejecutivo, el director general de Despoblación, Juan Manuel Hernández, anunció en octubre que entre las líneas del Fondo de Cohesión Territorial se encontraba la "accesibilidad de servicios financieros al medio rural", con propuestas como los "cajeros itinerantes".

Además, las tres grandes patronales bancarias -AEB, CECA y Unacc- firmaron en 2022 una hoja de ruta donde se comprometían a reforzar la inclusión financiera en los pueblos del país, lo que se ha traducido en la instalación de nuevos cajeros en zonas rurales y en convenios con Correos para poder retirar efectivo en sus oficinas, entre otras medidas.

Mientras tanto, el Congreso se dispone ahora a plasmar en ley todo este tipo de intenciones. Ya lo intentó en 2022, pero la tramitación se dilató y se vio truncada por el adelanto electoral. De momento, cuenta con el respaldo de todos los partidos salvo Vox, aunque el PSOE ya advirtió de que algunas de las propuestas del texto han quedado “superadas” tras aplicar algunas “medidas” estos últimos años que “funcionan”, según defendió la diputada Alicia Álvarez. Todo hace indicar que en el periodo de enmiendas se incluirán modificaciones.