El Gobierno de Aragón incurrió en desequilibrios contables en el año 2022, pero logró reducir deuda por primera vez en dos décadas. Así lo refleja el informe de fiscalización presentado ayer por la Cámara de Cuentas, que advierte, de igual modo, de la baja ejecución de los fondos europeos en manos de la DGA, de la temporalidad de la plantilla autonómica y del reiterado incumplimiento del periodo medio de pago a los proveedores.

La auditoría analiza las cuentas anuales y fiscaliza el cumplimiento de legalidad de la gestión presupuestaria, de personal, el endeudamiento y la morosidad de 2022, el último año completo del Ejecutivo liderado por el socialista Javier Lambán. En líneas generales, los autores reconocen que la DGA ofrece una «imagen fiel» del ejercicio, pero apunta que «persisten los desequilibrios». Así, refleja que la Comunidad gastó 7.379 millones de euros, mientras que solo ingresó 7.137.

Además, avisa de las posibles «tensiones de tesorería» que sufrirá la Comunidad por culpa de un remanente negativo de más mil millones de euros. Por ello, la Cámara recomienda medidas para corregir ese «desequilibrio», como «la reducción de gastos, el aumento de los ingresos ordinarios o la concertación de operaciones de crédito por ese importe en los siguientes presupuestos».

El informe apunta igualmente a «provisiones infradotadas» por valor de 20 millones de euros en apartados como los complementos para pensiones del personal jubilado auxiliar sanitario, los de carrera profesional al personal estatutario temporal, o la responsabilidad patrimonial en litigios abiertos. También alerta de los excesos en la cuenta 413, la que recoge las facturas en los cajones y que en 2022 arrojó un saldo de 205 millones de euros.

En cuanto al endeudamiento, la Cámara advierte de que la contabilidad presupuestaria no refleja las operaciones de refinanciación de la deuda autonómica efectuadas aquel año por un valor de 570 millones de euros. No obstante, destaca que es la primera vez en dos décadas que se reduce la cifra global pendiente de devolver al Estado y a las entidades financieras.

En concreto, la deuda pasó de 9.060 millones de euros a 8.957, es decir, 103 millones menos. Esto situó a Aragón dos puntos por debajo de la media de las comunidades autónomas, y dejó el endeudamiento en 6.809 euros por habitante. Mientras, el déficit alcanzó los 347 millones de euros (0,8% del PIB), aunque las reglas fiscales permanecían en suspenso para hacer frente a las consecuencias de la pandemia.

Por otro lado, el informe se hace eco de los problemas que arrastró el anterior Ejecutivo socialista en el pago a proveedores. Durante 2022, superó la barrera de los 30 días todos los meses, y en tres de ellos el periodo medio saltó los 60 días, lo que obligó al Ministerio de Hacienda a intervenir. La DGA focalizó el problema en el departamento de Sanidad y tras aplicar un plan de choque logró reconducir la situación.

Más fondos para personal

El informe de la Cámara de Cuentas, que preside Alfonso Peña, no pasa por alto la inestabilidad laboral de la plantilla de la DGA. Señala que aquel año había 60.665 empleados públicos con una temporalidad del 49,5%. El 46% de los empleos temporales se concentra en el Salud; el resto, se reparte entre el personal docente de los centros públicos no universitarios (28%) y el que presta servicios generales en la Administración de la Comunidad y sus organismos públicos (25,9%).

«Pese a los esfuerzos, ninguno de los procesos de estabilización aprobados ha reducido las elevadas tasas de temporalidad, que siguen aumentando de forma lenta y progresiva», advierten los autores del informe, que recomiendan «dotar de manera suficiente el presupuesto de los capítulos de personal».

Finalmente, el organismo fiscalizador analiza la gestión de los fondos UE y concluye que aunque la ejecución creció en 2022 (pasó del 6% al 22,3%), al cierre del ejercicio quedaron 492 millones pendientes de distribuir.