La DPZ solicita que no se derogue la Ley de Memoria Democrática de Aragón
La partida para exhumaciones, identificaciones y actividades de dignificación de las víctimas pasará de 200.000 a 450.000 euros para tratar compensar el recorte del Ejecutivo autonómico.
El Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha aprobado este miércoles, con el voto favorable de PSOE, En Común-IU y CHA, y el voto en contra de PP y VOX, una moción de los grupos de la izquierda para solicitar al Gobierno de Aragón que no promueva la derogación de la Ley de Memoria Democrática.
Con esta iniciativa, la institución provincial declara su "rotundo rechazo" a derogar esta ley e insta al Gobierno autonómico a mantener las ayudas a las asociaciones memorialistas y la fecha del 3 de marzo como Día de la Memoria Democrática de Aragón "para seguir reivindicando los derechos a conocer la verdad y a recordarla".
En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de la institución, Juan Antonio Sánchez Quero ha indicado que la DPZ concederá ayudas por 200.000 euros a las asociaciones memorialistas en 2024, que se sumarán a otros 200.000 euros que aportará el Gobierno de España.
El portavoz del PSOE, Francisco Compés, ha dejado claro que no tiene "ningún respeto" a VOX como partido, sí a las personas que forman parte del mismo, y ha criticado al portavoz de este partido, Carlos Rodrigo, porque "mezcla los asesinatos de ETA con el terrorismo yihadista", preguntándole "si no cree que ya tenemos bastante con la Guerra Civil y los asesinatos franquistas".
Compés ha aseverado que el PSOE no se sumará "jamás" al plan de concordia que ha anunciado el Gobierno de Aragón en sustitución de la Ley de Memoria Democrática y ha añadido que "hace falta tener la cara muy dura" para derogar esta ley e iniciar la tramitación el 20N.
De 2018
El portavoz de En Común-IU, Rubén Estévez, ha expuesto que la Ley de Memoria Democrática de Aragón se basa en los principios de "verdad, justicia, reparación y no repetición" en el marco de los acuerdos de la ONU para la promoción de los derechos humanos.
Ha recordado que, en aplicación de esta ley autonómica, se crea el Banco de ADN de víctimas de la Guerra Civil y un registro de asociaciones memorialistas, tras lo que ha apostado por "seguir trabajando para suprimir los símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática que aún quedan en calles y plazas".
El portavoz de CHA, José Manuel Latorre, ha indicado que esta ley se aprueba en 2018 "para contribuir al recuerdo y la transmisión de la memoria democrática", recalcando "el carácter radicalmente injusto de todas las condenas y sanciones" dictadas a este respecto hasta 1978.
"Es un texto legal, moderado y razonable que buscaba cerrar las heridas del pasado no mediante la negación y el olvido, sino mediante el conocimiento de los hechos, pero PP y VOX han decidido, con premeditación y alevosía, crear una fractura social para realizar una derogación sin debate", ha añadido.
Ley "sectaria y radical"
Desde el PP, Pablo Blanquet ha tildado esta ley de "sectaria, excluyente, radical e injusta" porque "según esta ley unos fueron víctimas y otros no, no trata a todos por igual", y además "sorprende que se hable todavía de víctimas y verdugos, mucho más recientes son los asesinatos de ETA, muchos sin resolver todavía, y parece que no les preocupan tanto".
En representación de VOX, Carlos Rodrigo ha considerado que esta ley "limita las libertades de expresión, manifestación, cátedra y propiedad privada", tras lo que ha aseverado que "la imposición de la mal llamada Ley de Memoria Democrática supone ensalzar la memoria de unos españoles y despreciar la de otros".
Además, Rodrigo ha opinado que "es contraria al ordenamiento constitucional y es una ley ideológica y partidista porque desatiende y repudia a las víctimas de un signo político distinto", al tiempo que "abre la puerta a la arbitrariedad de los poderes públicos".
