La obra del complejo residencial del Buen Pastor de Zaragoza se retrasará al menos hasta verano
El Tribunal de Contratos da la razón a las contratistas que perdieron la obra al ser excluidas y obliga a la DGA a dejarles subsanar deficiencias en la documentación.
Nuevo episodio en el culebrón del complejo residencial promovido por el Gobierno autonómico en los antiguos suelos del reformatorio del Buen Pastor. Si el primer concurso resultó fallido hace un año al no recibir ofertas y hace dos meses se excluyó a las empresas adjudicatarias, Dragados y Papsa, por presentar documentación fuera de plazo, ahora el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) acaba de enmendar la plana al Ejecutivo de Aragón. En su resolución, le obliga a retrotraer el procedimiento para que las contratistas puedan subsanar los errores a la hora de presentar los documentos requeridos para llevarse la obra, que no podrá comenzar, al menos, hasta el próximo verano.
La consecuencia directa es otra demora más que se acumula y que empieza a dejar sin colchón al Gobierno de Aragón para acometer este complejo residencial para personas mayores y jóvenes de Valdefierro en tiempo y forma para no perder los fondos europeos comprometidos.
El plazo de construcción fijado en el pliego de condiciones del concurso es de 24 meses y no se ha reducido en las ofertas, por lo que cualquier nuevo retraso pondría en riesgo la percepción de las ayudas comunitarias. Y en juego están los 25,8 millones de euros que cuesta el centro, lo que empieza a preocupar en la sede del Pignatelli.
El nuevo revés para la DGA se produce solo unos días después de que la mesa de contratación hubiera avanzado para adjudicar la construcción a la segunda oferta mejor valorada, la de OHL, que se comprometió a hacer la obra por una mayor cuantía, 26,4 millones, 638.593 euros más respecto al precio de la Unión Temporal de Empresas (UTE) descartada. En su caso, sí subsanó la documentación como se le solicitó para dejar todo listo para proceder a la firma de la adjudicación. Y lo hizo el pasado 14 de noviembre, solo un día después del plazo de 72 horas que se le dio.
Sin embargo, todo ha quedado paralizado porque el Tacpa ha dado la razón a Dragados y Papsa y obliga a la DGA a retrotraer las actuaciones para que la mesa de contratación acometa nuevamente "el correspondiente trámite de subsanación" de la documentación necesaria para la firma del contrato.
En su acuerdo, de 55 folios, concluye que el sistema de tramitación electrónica debió haber permitido la presentación de la documentación justificativa de la oferta durante todo el 28 de septiembre de 2023, sin límite horario. "Al no haber sido así e impedirse a la recurrente aportar lo requerido a través de dicho sistema por causa que no le es imputable, el órgano de contratación debió admitir la documentación presentada por la recurrente en plazo a través del correo electrónico", indica.
El problema de plazos no acaba aquí, ya que la propia mesa de contratación ha solicitado al Tribunal de Contratos que le aclare si debe asumir la documentación presentada por correo por la UTE o abrir un nuevo plazo de subsanación. Y aún está por ver si de este modo Dragados y Papsa cumplimentarán todo lo requerido y se puede proceder a la adjudicación.
Además, OHL se ha quedado a las puertas de ser el adjudicatario de las obras, por lo que aún podría judicializarse el complejo residencial del Buen Pastor con el consiguiente recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). De darse este supuesto, cabría solicitar medidas cautelares para paralizar el procedimiento de adjudicación.
