Las contratistas del Buen Pastor pierden la obra al presentar documentos fuera de plazo
La residencia de mayores se encarece más de 600.000 euros tras adjudicarse a la segunda oferta.
Las empresas adjudicatarias de la construcción de la residencia de mayores del Buen Pastor, Dragados y Papsa, acaban de perder la obra por haber presentado fuera de plazo la subsanaciones requeridas de la documentación necesaria para la firma del contrato. Las consecuencias no solo serán para las empresas afectadas al quedarse sin un contrato millonario, sino para la propia DGA.
El coste se encarecerá al tener que recurrir a la segunda oferta mejor valorada, la de OHL, empresa a la que habrá que pagar ahora una mayor cuantía, 26,4 millones, 638.593 euros más respecto al precio de la Unión Temporal de Empresas (UTE) ahora descartada.
Además, implicará una nueva demora en el inicio de las obras, tal y como reconoce la DGA al tener que empezar de nuevo el procedimiento de adjudicación. Esto supondrá que las máquinas no entren en el antiguo reformatorio de Valdefierro antes de la primavera de 2024. Y habrá que esperar dos años para disponer de la residencia de cien plazas, de los pisos para mayores y jóvenes y el centro de día asociados.
La UTE Dragados-Papsa no está de acuerdo con el criterio de la seguido por los técnicos de la Consejería de Bienestar Social y Familia y tomará medidas legales, lo que puede bloquear incluso el proceso.
Los hechos se remontan al pasado 28 de septiembre, cuando expiraba el plazo para hacer las subsanaciones a la documentación requerida para formalizar el contrato a través de la plataforma de contratación del Estado. Las empresas alegaron que no pudieron hacerlo en tiempo y forma "ante la imposibilidad de colgar la documentación" y remitieron un correo a la Consejería 57 minutos después explicando la incidencia y remitiendo todo lo solicitado.
Ante las supuestas incidencias técnicas alegadas, el órgano de contratación solicitó un informe a la Plataforma de Contratación, que negó que ese día hubiera un problema, lo que motivó que el pasado día 10 se decidiera dar por desistida la oferta de la UTE.
Desde Bienestar Social han apuntado que el informe de la plataforma detalló que el día en el que acabó el plazo se publicaron 4.881 anuncios, se abrieron 2.597 ofertas, se hicieron otras 918 y se contabilizaron 592 sesiones. "El personal avisó cinco días antes a las empresas para que subieran la documentación y volvió a hacerlo el mismo día 28", han añadido.
