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El Justicia reclama más recursos para atender a menores en riesgo, que alcanzan los 724 en Aragón
Durante el año pasado se abrieron 1.031 diligencias previas y destacan que ningún niño de menos de 6 años se encuentra institucionalizado.
El Justicia de Aragón alerta de la necesidad de contar con más recursos y llevar a cabo una actualización de la normativa de infancia y adolescencia, que aunque en 2001 fue pionera ahora debe adaptarse a la legislación nacional, para atender a los menores en riesgo. Solo el año pasado se abrieron 1.031 diligencias y se declaró que 724 se encontraban en situación de riesgo, unos 80 menos que el año anterior. Buena parte de ellos tuvieron que ser apartados del núcleo familiar. Así se pone de manifiesto en el informe especial sobre las situaciones de riesgo en la adolescencia e infancia presentado este martes, que forma parte de un trabajo más amplio de todas las Defensorías del Pueblo.
Ante esta situación, el lugarteniente del Justicia, Javier Hernández, subrayó los avances llevados a cabo en esta materia en los últimos años, pero recordó de que son necesarios más recursos y políticas públicas que pongan a la infancia en el centro. Esta falta de profesionales conlleva, según destaca el estudio, a una sobrecarga de trabajo y a una falta de actividades comunitarias y preventivas, que puede provocar que no se haga un "eficaz acompañamiento de las familias". Asimismo, se advierte de un "déficit" en la información facilitada a las familias por la intervención administrativa.
En este sentido, el asesor de Infancia, Andrés Esteban, recalcó que Aragón es de las pocas comunidades en las que no hay niños de menos de 6 años viviendo en centros residenciales. Todos se encuentran de acogida o con otros miembros de su propia familia, como tíos.
De hecho, de todos los que tuvieron que salir (de todas las edades) de su núcleo, entre 150 y 200 están ahora acogidos por otras familias y otros 300 se encuentran en centros residenciales. Esteban también puso en valor que en la comunidad aragonesa no existan macrocentros para acoger a estos menores. "No hay centros donde haya más de 20 niños sino que se plantea un sistema de viviendas", puntualizó e incidió en la prevención como medida indispensable para abordar estas cuestiones.
Un plan de intervención
La normativa establece que cualquier persona que detecte una posible situación de riesgo (como puede ser una ausencia de atenciones físicas o psíquicas, falta de seguimiento médico, de escolarización o exposición a situaciones de violencia, entre otras), lo debe notificar a los servicios sociales. De este modo, se valora la situación y si es necesario se lleva a cabo un plan de intervención, que se prolonga durante unos 18 o 24 meses. Es el Gobierno de Aragón el que declara el riesgo.
El año pasado el 70% de las diligencias previas finalmente fueron declaradas de riesgo, pero esta evolución ha sido desigual durante la pandemia. Andrés explicó que de 1.377 diligencias que se abrieron en 2019 se pasó a 990 al año siguiente, lo que evidencia una "invisiblidad" durante la covid, cuando algunos casos de riesgo aparecieron directamente "en urgencias".
Otro de los puntos destacados en el informe, que cuenta con cifras aportadas por 17 comarcas y los ayuntamientos de Zaragoza, Huesca, Teruel y Calatayud, es la falta de homogeneidad en la información. Tampoco existe entre comunidades autónomas, lo que dificulta el tratamiento de los datos y la comparación de las situaciones. Además, el estudio pone el foco en la capital aragonesa, que no ha desarrollado la competencia de intervenir en el ámbito familiar, una vez declarada la situación de riesgo, como sí que hacen los servicios comarcales u otros ayuntamientos de más de 20.000 habitantes.
