El Gobierno de Aragón pierde dos pleitos millonarios por Sucesiones y agrava el desplome de recaudación

Los derechos reconocidos pasan de 139 a 66 millones también por una menor liquidación por fallecimientos. Los ingresos por el resto de tributos y tasas baten récord al superar los 3.300 millones.

El edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón.
El edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón.
Guillermo Mestre

La recaudación del impuesto de Sucesiones y Donaciones ha sufrido una caída histórica, agravada por dos reclamaciones millonarias que ha perdido el Gobierno de Aragón. Los derechos reconocidos se han desplomado y, al cierre del mes de septiembre, se llevaban contabilizados únicamente 66 millones de euros, menos de la mitad de los 139,4 acumulados en la misma fecha del año pasado.

La situación no solo se puede achacar a los recursos que presentaron los beneficiarios de una de las mayores herencias de los últimos años, que rechazaron la liquidación exigida por el Ejecutivo autonómico porque tienen su residencia fiscal fuera de Aragón y, por tanto, podían eludir el pago por acogerse a los beneficios fiscales de la Comunidad en la que residen, en concreto, Madrid. El litigio acabó en los tribunales y les dieron la razón a los herederos, lo que ha obligado a reintegrar el dinero.

Los efectos se vieron especialmente en el mes de julio, con un tijeretazo de casi 14 millones sobre los derechos reconocidos en el mes previo: se pasó de contabilizar 59 a 45,1 millones.

De todos modos, la caída se ha venido reflejando en los datos oficiales que recopila mensualmente la Intervención General de la DGA. Ya en el mes de enero se pasó de 21,3 a 6,8 millones respecto a 2022, siguió en febrero al aumentar tan solo a 13,27 millones frente a los 50,2 acumulados en el mismo periodo del pasado ejercicio y así se ha ido manteniendo el retroceso hasta el último mes publicado, el de septiembre.

Y esto solo se puede explicar por el hecho de que ha habido menos liquidaciones por Sucesiones y su cuantía ha sido inferior a la de ejercicios previos, aunque en la DGA no dieron ayer una explicación. Hay que remontarse hasta 2020, el primer año de la pandemia con las medidas de confinamiento que obligaron a demorar las liquidaciones impositivas, para encontrar un peor balance de las dos últimas legislaturas en este impuesto. Entonces, de enero a septiembre se contabilizaron 60 millones, cuando el resto de ejercicios desde 2015 han oscilado entre los 139,4 millones del año pasado y los 85,9 de 2019.

Con el último trimestre por contabilizar será imposible siquiera acercarse a las previsiones de recaudación por Sucesiones reflejadas en el presupuesto, estimadas en 146,5 millones de euros.

No obstante, el impacto no será dramático para las cuentas autonómicas, dado que los ingresos del conjunto de impuestos y tasas superaba al cierre de septiembre los 3.300 millones, todo un récord sin parangón. En el mejor de los ejercicios, el del 2021, se llegó en el mismo periodo a alcanzar 2.896 millones en derechos reconocidos.

La razón hay que buscarla en el crecimiento de los dos impuestos que principalmente nutren los presupuestos autonómicos, los del IRPF y el IVA, con 1.488 y 922 millones, respectivamente. Entre los dos aportan 564 millones más hasta septiembre, compensando junto al buen comportamiento de los impuestos especiales (64,4 millones adicionales) las caídas igualmente registradas en Transmisiones por las menores ventas de pisos de segunda mano (-29,6 millones), Actos Jurídicos Documentados (-6,4 millones) y en la Tasa sobre el Juego (-7,5).

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