La comisión de investigación de las renovables sale adelante en Aragón con la única abstención del PSOE
El resto de partidos, del Gobierno y la oposición, aprueban esta iniciativa que también pretende abordar el desarrollo posterior.
Todos los partidos, a excepción del PSOE que se abstuvo, dieron este jueves el visto bueno a la comisión de investigación que analizará si el Ejecutivo de Javier Lambán cometió irregularidades y presionó a funcionarios del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) durante el proceso de expansión de las renovables en Aragón y depurar así, si las hubiera, las responsabilidades políticas pertinentes. "Podría ser que las ansias desarrollistas del sector pudieran haber contagiado al anterior Gobierno", apostilló el portavoz del PP, Fernando Ledesma, quien aseguró que la situación actual ha provocado "inseguridad jurídica, daños medioambientales y un grave perjuicio reputacional a las renovables".
Impulsada por el Ejecutivo PP-Vox, la comisión también pretende "ahondar en la transparencia y confianza" y plantear las bases del futuro desarrollo del sector, compaginando "la extensión del territorio y la protección medioambiental". "Debemos estudiar y sacar las mejores conclusiones. Es difícil, pero es nuestra responsabilidad", apostilló Ledesma. Recordó su "compromiso" de hacer una adecuada organización energética en la Comunidad.
El popular planteó las dudas existentes respecto a la gestión y las posibles presiones a funcionarios, pero no fue especialmente incisivo contra el cuatripartito (PSOE, PAR, Podemos y CHA). Esta posición la ocupó su socio de Gobierno, a través del diputado voxista Juan Vidal. El parlamentario no dudó en insinuar que "unas pocas familias amigas" se podrían haber beneficiado de "trocear proyectos en muchas concesiones" de menos de 50 megavatios, recibiendo así "altos márgenes de beneficios". "Esos sí que fueron caídos del cielo", recalcó.
Ante las dudas planteadas, la diputada socialista Leticia Soria invitó a ambos a que acudan a los juzgados: "Todo esto está recogido en el Código Penal. Si considera que se ha producido, vaya a la Fiscalía". Los acusó de querer "enfangar la política" y de poner "en tela de juicio" el trabajo de los funcionarios. Soria lo consideró un "espectáculo", que era "urgente" en campaña y que han tardado "más de 60 días en activar".
La socialista defendió que lo que hizo su formación en 2015 fue poner en marcha un decreto ley para "desatascar, normalizar y dotar de seguridad jurídica los nuevos proyectos que se planteaban en la Comunidad". En todo caso, subrayó que el PSOE no se opone a esta comisión y confió en que no se "vete" la solicitud de comparecientes.
La oposición vota a favor
El resto de la oposición votó en bloque a favor de la comisión, aunque algunos lo hicieron con más recelos que otros. Lo tuvo claro el portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, quien recordó que esta cuestión ya ha llegado a los juzgados y que en el de Huesca "han encontrado indicios de delito". En este sentido, detalló una serie de "anomalías" que a su juicio se han producido en la tramitación de los expedientes y reiteró la necesidad de una moratoria.
También desde CHA, Joaquín Palacín, apostó por la moratoria. Y aunque votó a favor de la comisión, resaltando que es "absolutamente necesario" un estudio y planificación del desarrollo de las renovables "escuchando al territorio", planteó la posibilidad de que finalmente pueda suponer "una dejación de funciones" y que mientras dure "no se avance en la planificación y ordenación". Andoni Corrales (Podemos) también defendió la moratoria y lamentó que el modelo planteado por su formación, de comunidades energéticas, esté "comprometido" por "haber priorizado el negocio privado".
Álvaro Sanz (IU) recalcó la importancia de analizar lo sucedido y planificar el futuro. No obstante criticó que, siendo que se quiere estudiar cómo hacerlo, la consejería de Medio Ambiente y Turismo incorpore más medios para desatascar los expedientes pendientes. Desde el PAR, Alberto Izquierdo, recordó que las energías renovables son necesarias y la opción para "lograr la descarbonización". En este sentido pidió "investigar" lo ocurrido, pero "no enfrentar a la población ni convertir este sector en un arma arrojadiza".
