"Inadmisible injerencia", "atentado contra la separación de poderes", "intromisión ilegítima del poder legislativo en el poder judicial" son algunas de las valoraciones que los jueces aragoneses, portavoces de las cuatro asociaciones mayoritarias, hacen sobre el acuerdo de investidura PSOE-Junts. En bloque y de forma unánime muestran su profunda preocupación y máximo rechazo a la parte del pacto que alude al ‘lawfare’ (posible persecución o abuso judicial a los independentistas catalanes).

Los representantes en Aragón de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y el Foro Judicial Independiente (FJI) coinciden en que el acuerdo podría suponer la "quiebra de la separación de poderes". Así lo dejaban claro en el comunicado conjunto firmado el día anterior por los colectivos y al que este viernes se sumaron sin fisuras la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), los presidentes de las Audiencias Provinciales y los jueces Decanos y la Asociación de Fiscales.

Eduardo López Causapé, tras dejar claro que la AJFV que representa no tiene "adscripción política" alguna, "ni calificación conservadora ni progresista", explica que no pensaba valorar los acuerdos "estrictamente políticos", pero sí los que atañen a la "defensa del ordenamiento constitucional" y a los "derechos fundamentales". En este aspecto, manifiesta que algunos términos del acuerdo "pueden vulnerar de manera directa los principios constitucionales". "Pero, sobre todo, hay dos cuestiones clave: la que afecta a la democracia en sí misma, la separación de poderes, y la que afecta a la propia configuración del Poder Judicial, que es la independencia de los jueces y el ‘lawfare’".

"Rechazamos de una manera radical y absoluta la existencia del propio concepto de ‘lawfare’ en una democracia europea occidental y, por supuesto, nos parece aberrante y preocupante que se haya introducido en los términos del acuerdo", dice. En su opinión, puede generar una "quiebra absoluta" de todo el sistema democrático y de la seguridad jurídica.

"El juez, en un momento dado, puede ser el perseguido por sus actuaciones judiciales conforme a una ley cuando salga, cambie o se modifique o cuando haya una actuación gubernamental o política en determinado sentido. Por tanto no puede haber una democracia con jueces atemorizados, ni con jueces amordazados. Únicamente deben estar sometidos al régimen disciplinario del Poder Judicial y los órganos que tienen competencia para controlar el correcto desempeño de las funciones", afirmó.

Para el magistrado, el propio hecho de admitir que existe el concepto de ‘lawfare’, es decir, la posibilidad de que jueces y tribunales puedan estar aplicando criterios no jurídicos y no legales en determinados asuntos y que se basen en motivos de persecución por razones políticas es "absolutamente rechazable en una democracia occidental". "Y, desde luego, si alguna vez se da eso, existen unos mecanismos disciplinarios muy fuertes dentro del propio Poder Judicial que permiten controlar y evitar que una situación así hipotéticamente pudiera darse, y que no se ha dado", subrayó.

Por su parte, Alfonso Ballestín, presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza y portavoz de JJpD, precisa que los casos que se han judicializado "son de comportamientos que pueden ser delictivos". "No ha habido una instrumentalización de la justicia. Lo lógico es que los tribunales intervengan en esos casos, pero no lo hacen en cuestiones políticas", subraya. Para Ballestín la introducción de casos ‘lawfare’, que puedan someterse a debate y conclusiones de comisiones parlamentarias es una "una intromisión plena en el Poder Judicial".

Alude, además, a las críticas que se hacen en el acuerdo al Tribunal Constitucional (TC) y a su intervención en la reforma del Estatuto de Cataluña de hace unos años. "Eso es despreciar las funciones que cada uno tiene en esta materia. El TC tiene la obligación de pronunciarse si alguien legitimado para hacerlo le pide que aclare una norma. Luego toma una decisión, dicta una sentencia y podremos criticarlo o no, pero desde luego lo que no podemos hacer es ir en contra amparándonos en este tema", manifestó.

La igualdad ante la ley

Por su parte, Elena Lumbreras, portavoz del Foro Judicial Independiente, recuerda que en un Estado de derecho nadie está al margen de la ley. "Todos estamos sometidos al imperio de la ley. No solamente se están cargando el principio de separación de poderes, sino también el de igualdad, que es indispensable en la aplicación del derecho penal", dijo.

"Es muy grave acusar a los jueces de haber sido instrumentalizados por el Gobierno para perseguir a los independentistas, como lo es que planteen que el poder legislativo pueda archivar y revisar procedimientos judiciales en trámite, o que puedan dejar sin llevar a efecto el cumplimiento de sentencias penales que son firmes. Desde el FJI mostramos nuestro apoyo total a esos magistrados que han juzgado esos procesos con arreglo a ley y que ahora se ven señalados con casi una etiqueta de prevaricación".

Luis Gil Nogueras, portavoz de la APM en Aragón, indica que el acuerdo es un ataque frontal no solo ya al principio de separación de poderes, sino al propio Estado de Derecho. "Reconocer que se ha hecho de la Justicia un instrumento de control o con fines políticos es francamente grave". "Desde el mismo momento que estás reconociendo que ha existido un uso o una instrumentalización del poder judicial es que se ha pervertido el sistema", añade.