El Consejo de Ministros aprobó este martes una moratoria en los plazos de tramitación exigidos para la puesta en marcha de instalaciones de producción de energía renovable. En concreto, el Gobierno retrasó seis meses la fecha límite para lograr el permiso de obras, que expiraba en julio, y que había puesto en jaque a un millar de proyectos en todo el país. En Aragón, los promotores de 129 plantas eólicas y fotovoltaicas que estaban en riesgo se podrán beneficiar de esta medida, que había sido reinvindicada desde el sector y la DGA. Las empresas, no obstante, creen que también se debería haber ampliado el periodo para la puesta en funcionamiento de estas infraestructuras, fijado para 2025, un objetivo que ven «imposible» de cumplir.

No es la primera vez que el Ministerio para la Transición Ecológica se ve obligado a revisar su propio cronograma. La exigencia de cumplir con un calendario de hitos en la tramitación y puesta en servicio de las nuevas instalaciones de renovables en España tenía como objetivo evitar la especulación de los derechos de acceso y conexión y agilizar el proceso. En enero, el Gobierno central ya tuvo que conceder un mes extra para evitar que cientos de proyectos se perdieran por el camino al no lograr a tiempo la requerida declaración de impacto ambiental. Entonces, el refuerzo del personal y la contratación de consultoras permitió a las administraciones cumplir y resolver en tiempo y forma las solicitudes.

En esta ocasión, los promotores debían contar con la autorización previa y la de construcción antes del 25 de julio. Sin embargo, muchos de los proyectos habían pasado el trámite ambiental en el último momento, y además con condicionantes que obligaban a introducir modificaciones. Para más de un millar en todo el país, según reconoció ayer el Ministerio, iba a ser imposible cumplir con esa fecha, así que finalmente se retrasará seis meses, hasta enero del próximo año.

En Aragón, se verán beneficiados 129 expedientes, de los que 36 corresponden a parques eólicos y 93 a fotovoltaicos. En total suman una potencia de 4.608 megavatios. El consejero de Industria en funciones, Arturo Aliaga, que reclamó en varias ocasiones a la ministra Teresa Ribera que concediera una moratoria, celebró ayer el anuncio. «Estoy satisfecho, con esta prórroga cumpliremos los plazos», señaló.

Cuello de botella

En cambio, los promotores siguen viendo insuficiente esta medida. «Es un bálsamo a corto plazo, pero no estamos satisfechos», reconocía tras el anuncio, y a la espera de conocer hoy el detalle en el BOE, el presidente del Clúster de la Energía de Aragón, Pedro Machín. «Veníamos reclamando que se aprovechara esta moratoria para extender también el plazo de puesta en funcionamiento», advertía en referencia al posible cuello de botella que se augura para los dos próximos años.

No en vano, en ese plazo deben finalizarse en España proyectos con una potencia de 68 gigavatios, más del objetivo fijado para lo que resta de década en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec). Precisamente hoy presentará el Ministerio una revisión de este documento, que se ha quedado desfasado con la irrupción del sector y las consecuencias de la guerra en Ucrania.

Machín considera que ejecutar ese volumen de proyectos es «imposible» y afectará, además, a la calidad de las instalaciones. «Vamos a tener una dificultad enorme para hacer los cierres financieros», recuerda, y avisa de que «muchos de los megavatios previstos no se podrán construir». Entre otros motivos, por los problemas de suministro de materiales y de contratación de personal cualificado ante tal demanda.