"Queda un largo camino por recorrer hasta conseguir una verdadera cultura inclusiva"

Un "ejercicio real de inclusión". Esta es la gran asignatura pendiente de la administración española y la principal exigencia de los responsables de los colectivos que trabajan con personas con discapacidad. "La discapacidad está presente en campaña de una forma utilitarista en la mayoría de las ocasiones, sería deseable poner el foco en las características y necesidades de las personas de una forma transversal", opina Berta Guerrero, directora general de la Fundación Los Pueyos, que cumple 48 años dedicada a la atención integral de las personas con discapacidad.

En el centro de Los Pueyos de Villamayor de Gállego, con 71 residentes, celebraron hace unos  días un ‘encuentro político’ precedido de un taller en el que se abordaron asuntos cómo qué es una candidatura, qué implica votar o cómo se hace el recuento. "Les abrimos un espacio en el que manifestar sus intereses y expresarlo a los distintos grupos políticos", explica Guerrero, convencida de que "la participación activa debe pasar por que tengan un conocimiento de lo que ocurre en su entorno más próximo y puedan expresar lo que les parece bien, mal o les gustaría cambiar".

"Son personas que conviven en nuestra comunidad y han de expresar sus necesidades y sus deseos", dicen desde Los Pueyos, que cuentan con un colegio con 50 alumnos, 122 usuarios en los centros diurnos y un 72% de trabajadores con discapacidad en los centros especiales de empleo, donde figuran unos 170 empleados.

Etiquetas obsoletas

"Hace muchos años que está latente la necesidad de un cambio de modelo en la atención a las personas con discapacidad intelectual: hay que superar etiquetas obsoletas", afirma Guerrero, que recela de la denominada ‘discriminación positiva’, dado que se trata de asuntos de "justicia social". Desde la Fundación echan en falta "el impulso de una verdadera cultura inclusiva, que visibilice, sensibilice y practique una accesibilidad universal plena. Queda un largo camino por recorrer para que la inclusión será más real y dar un salto cualitativo y significativo en los apoyos para la autonomía personal, social y laboral".

Este 28-M se experimentará –de momento sólo en Madrid– con una señalética de fácil lectura, cognitivamente accesible, que debería llegar a Aragón para las próximas generales de diciembre. Hasta entonces, los colectivos siguen reivindicando "una economía acorde" al servicio que realizan. Muchos recuerdan que, como en el caso de Los Pueyos, han sido "capaces de llegar a cubrir demandas a las que no llegaba la administración ni la salud pública".

"Se habla constantemente de inclusión y de empoderamiento, pero organizaciones como la nuestra atiende demandas que no quedan cubiertas por otras vías", dice Guerrero, que vuelve a apelar a la justicia social, "que se basa en la igualdad de oportunidades, en los derechos humanos y en la equidad imprescindible".

Otro desvelo de las empresas sociales es dar cabida al sector más vulnerable, la discapacidad intelectual, para garantizar su derecho a la ocupación laboral y a tener las mismas oportunidades de autonomía. "La situación del empleo en el colectivo está pasando por una crisis muy importante. ¿Realmente los políticos consideran que las personas con discapacidad intelectual deben tener las mismas oportunidades laborales? En ese caso, las políticas deberían ir dirigidas a que esto fuera posible, atendiendo a sus características y ofreciendo las medidas necesarias para incentivar a las empresas dichas contrataciones. Hoy por hoy esto es una cuenta pendiente", concluye Guerrero.

Al detalle

Recuperar derechos. Hace cinco años 100.000 personas incapacitadas judicialmente recuperaron su derecho al voto. Pese al avance que supuso la modificación de la Ley Electoral, todavía hay miles de personas con discapacidad intelectual que no pueden votar como el resto del electorado.

Plena Inclusión es el movimiento asociativo que agrupa a 950 entidades de todo el país (40 en Aragón) que despliega iniciativas para facilitar el ejercicio de «un derecho y un deber constitucional» para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, y sus familias.

‘Mi voto cuenta’ se titula la campaña que procura que «el 28-M votar sea más fácil de entender y más accesible», según Maribel Cáceres, vicepresidenta de Plena Inclusión, que pide que no se dude del derecho de las personas con discapacidad a elegir a sus representantes.