El plan de carreteras de la DGA atrae a las grandes contratistas y a fondos de inversión
Sellan doce alianzas con constructoras locales para arreglar y conservar la red autonómica durante 25 años por 2.485 millones.
El millonario plan extraordinario que acaba de sacar a concurso el Gobierno de Aragón para arreglar las principales carreteras autonómicas y asumir su conservación durante 25 años ha despertado el interés de las principales constructoras del país y de los fondos de inversión. Con este objetivo han pactado alianzas con contratistas autonómicas, que por sí solas no pueden hacer frente a una inversión inicial de casi 630 millones de euros que se debe ejecutar en 30 meses y que les obligará a actuar, a la vez, en el más de medio centenar de vías de Aragón que soportan mayor tráfico. Y en juego hay unos contratos que suman una cuantía de casi 2.500 millones.
Fuentes del sector de la obra pública indican que se han cerrado al menos doce uniones temporales de empresas (UTE) para optar a los diez lotes en los que se ha dividido el mapa viario autonómico, valorados en 2.192 millones. A estos se suma otro contrato específico para acometer el desdoblamiento de la A-127 entre Gallur y Ejea, el mayor de todos –que asciende a 293 millones– y al que tienen previsto optar las mayores compañías nacionales, como OHL, FCC, Dragados, Cintra, Comsa y Acciona.
Esta última constructora es la única que iría a esta actuación, cuya obra está valorada en unos 90 millones, en UTE con una empresa aragonesa, Papsa, que a su vez forma parte del grupo leridano Romero Polo. Y del mismo modo analiza también presentarse en solitario a varios de los diez lotes para la mejora y conservación. Cada uno de ellos engloba entre tres y nueve carreteras con una inversión inicial que oscila de 38,5 a 53,2 millones.
En las alianzas para el resto de lotes hay empresas nacionales, aragonesas y fondos de inversión que ponen parte del capital necesario. Y en esta suma de fuerzas han entrado contratistas nacionales de tamaño medio. Vialex (grupo Sorigué) irá de la mano de la citada Papsa, Imesapi (que pertenece al grupo francés Vinci) lo hará con Vidal y la andaluza Azvi se ha juntado con Marco, que a su vez sumarán fuerzas con Sorigué para optar al desdoblamiento de la A-127 dada su cuantía.
Las estatales Cyopsa y Sarrión concurrirán con Emipesa para los lotes de Teruel y con Hormigones Grañén para los de Huesca. Del mismo modo, la turolense Lecha acudirá con Alvac, Transfer y Santiago Angulo con Serveo, Altius con Lantania y Acyc con la valenciana Pavasal.
Análisis en profundidad
No obstante, nadie quiere dar nada por cerrado hasta analizar al detalle todo el modelo económico concesional, ya que las cifras están muy ajustadas, según las fuentes del sector consultadas. De hecho, una de las constructoras locales de referencia, MLN, se iba a presentar con la también aragonesa Sumelzo y la nacional Sogeosa (a través de Ipocsa), pero esta última se ha descolgado e irán solas.
Aunque podrán optar a todos los lotes, la DGA ha establecido que la adjudicación se limite a un máximo de dos por licitador. Para ello se contabilizará las sociedades de un mismo grupo y, en el caso de agrupaciones de empresas, la presencia de cualquiera que ha resultado adjudicataria, a efectos de esta cláusula, hará que figuren como adjudicatarias de un lote.
De hacer posible el colchón económico inicial se encargarán en varios casos empresas especializadas en capitalización y estructuración financiera, como Rubicon International. También se ha fichado a fondos multinacionales dedicados a la financiación y gestión a largo plazo de infraestructuras públicas, caso de Meridiam o de la concesionaria de autopistas portuguesa Ascendi, propiedad a su vez del fondo galo Ardian Infrastructure.
Eso no quita que las constructoras deban negociar el grueso de la financiación con la banca tradicional para poder optar al concurso. "Con fondos propios de la UTE se debe asegurar en torno al 25% de la cuantía necesaria y de ahí el papel de los fondos de inversión. Y las entidades financieras deben otorgar entre 70% y el 80% restante mediante un ‘project finance’ en el que el proyecto es la propia garantía", indican las citadas fuentes del sector.
