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El macroconcurso de los buses regionales queda en el aire tras una sentencia del TSJA
Anula parcialmente los proyectos en los que se basó la licitación, como pedían los empresarios. Soro busca una solución que evite revocar las adjudicaciones por sus graves consecuencias.
Uno de los proyectos estrella del Gobierno de Aragón, el macroconcurso para la reordenación y mejora de las concesiones de bus, ha quedado en el aire por una sentencia. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) acaba de anular parcialmente los 19 proyectos aprobados hace dos años en los que se basó la licitación millonaria, tal y como solicitó la Asociación Empresarial de Transportes Interurbanos de Viajeros de Autobús de Aragón (Aetiva). Su valor estimado, a lo largo de los diez años de servicio, supera los 392 millones de euros.
La resolución se comunicó hace dos días a las partes, cuando el Ejecutivo autonómico y el Consorcio de Transportes de Zaragoza ya han adjudicado los 19 contratos de forma provisional con el objetivo de que todos los núcleos de más de diez habitantes tengan transporte público entre el próximo verano y el otoño.
El recurso de Aetiva se basó en que el nuevo modelo de concesiones era, a su juicio, "inviable" desde el punto de vista económico y técnico y sostenían que estaba infradotado, hasta el punto de estimar que harían falta entre ocho y diez millones al año a lo largo de las concesiones, que se prolongarán una década. Y solicitaron su suspensión como medida cautelar, que denegó el TSJA.
El alto tribunal no cuestiona la viabilidad económica de las nuevas concesiones de autobús y solo da la razón a los empresarios en tres aspectos de menor entidad, como ellos mismos reconocen, pero que obliga a la DGA a completarlas o modificarlas: la determinación de la normativa laboral aplicable a la subrogación de las plantillas, la especificación sobre la exclusividad o no de las flotas asignadas al servicio y la aplicación de un tipo de interés mayor para las inversiones, "más acorde con los tipos reales vigentes".
De hecho, las propias ofertas presentadas por las empresas echaron por tierra su propia argumentación y las bajas económicas presentadas por los socios de Aetiva oscilaron entre un 5,49% y un 38,8%, quedando la media en un 17,7%. El presidente de Aetiva, Juan Calvo, ha señalado que si hicieron importantes rebajas sobre el importe de licitación fue para no quedarse fuera del concurso y poder seguir trabajando.
El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, ha subrayado a este diario que la resolución plantea cuestiones "menores" que no afectan al planteamiento global del macroconcurso, pero implicaría "reelaborar los proyectos de establecimiento de servicios y empezar de cero" si no se hace nada. En este sentido, apostilló que en este caso habría que volver a repetir todo el procedimiento de licitación, por lo que se demoraría entre dos y tres años la puesta en marcha del rediseño del transporte de autobuses.
Para evitar este escenario y su impacto a los usuarios y a las propias concesionarias, Soro busca una solución con el respaldo de los servicios técnicos y jurídicos a una sentencia que considera "extemporánea" y que, a su juicio, está "absolutamente superada" por la propia licitación. "La sentencia enjuicia los proyectos, que es el diseño del servicio previo a la licitación. Y en los pliegos ya se cumplen dos de los tres puntos de la sentencia que motivan la anulación al detallar las cuestiones de la subrogación de las plantillas y la no exclusividad de la flota", ha recalcado.
Una posible salida
Por ello, el consejero de Vertebración ha apuntado la posibilidad de cumplir la sentencia sin necesidad de repetir los concursos, aunque admite que aún habría que solventar la cuestión de los intereses. A este respecto, ha apuntado que el impacto de recalcular los intereses de la inversión al 3,27% y no al 1,71% establecido se limita a 3,2 millones, un 0,8% del valor estimado de los 19 contratos.
No obstante, Soro ha manifestado que en un caso extremo cabría seguir adelante y presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Estos supuestos podrían evitarse si los empresarios renuncian a la ejecución de la sentencia, extremo que debatirán la semana que vienen en una asamblea extraordinaria, o en el caso de alcanzar una transacción judicial. Esta última posibilidad, la de alcanzar un acuerdo en la ejecución de la sentencia, no es habitual en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.
El presidente de la Asociación Empresarial de Transportes Interurbanos de Viajeros de Autobús de Aragón (Aetiva), Juan Calvo, lamentó que la sentencia llega "muy tarde", con los contratos adjudicados provisionalmente, por lo que han solicitado un informe al bufete que les asesora, Broseta Abogados, sobre las consecuencias que podría generar su ejecución. Calvo declinó hacer valoraciones sobre la resolución del TSJA, aunque admitió que solo les da la razón en "dos temas muy menores" ya resueltos en los pliegos del concurso y en la cuestión de los intereses sobre las inversiones, pendiente de aplicar.
Conscientes de que repetir la licitación conllevaría otro esfuerzo económico y un "desgaste" tras descubrir "las cartas" con las ofertas presentadas, la asamblea de Aetiva, con la asistencia de sus abogados para aclarar dudas, votará la próxima semana si piden la ejecución de la sentencia o que quede sin efecto.
El Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza (CTAZ) ha decidido seguir adelante con la reordenación de las líneas de autobús metropolitano pese a la sentencia del TSJA y su asamblea aprobó por unanimidad el pasado martes la adjudicación provisional de los cuatro contratos en los que ha remodelado la red de servicios. Antes de la decisión, el presidente del CTAZ y consejero de Vertebración, José Luis Soro, explicó la resolución al resto de socios, entre ellos la vicepresidenta y concejal de Servicios Públicos de Zaragoza, Natalia Chueca.
La mesa de contratación propuso la adjudicación de dos lotes a la empresa catalana Masats tras no aceptar la baja temeraria en uno de ellos a Automóviles Zaragoza y Alcalá Bus y otros tantos a Ágreda Automóvil. En su caso, tras rechazar las ofertas de Transportes Olesa (del mismo grupo de Masats) por no haber justificado las bajas temerarias con vehículos eléctricos.
