Casi 400 científicos de 80 centros de investigación rechazan la unión de estaciones

Firman un manifiesto para reclamar que se retome la protección del valle de Canal Roya y advierten de que el impacto ambiental y paisajístico será "irreversible".

La telecabina, de 4,2 kilómetros, se prevé construir por Canal Roya para unir los collados de Espeluciencha (Formigal) y Astún.
La telecabina, de 4,2 kilómetros, se prevé construir por Canal Roya para unir los collados de Espeluciencha (Formigal) y Astún.
J. A.

Casi 400 científicos pertenecientes a 80 centros de investigación han firmado un manifiesto de rechazo a la unión de estaciones de Astún y Formigal por Canal Roya. Al igual que las organizaciones ecologistas y los partidos a la izquierda del PSOE, Podemos, CHA e IU, sostienen que la telecabina implica un impacto paisajístico y ambiental "irreversible sobre los ecosistemas pirenaicos". Por ello, defienden que se debe retomar la tramitación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de Anayet-Partacua para salvaguardar "un área de alta montaña de gran valor ecológico".

Su oposición al proyecto, cuya coste asciende a 34 millones, se centra en cuestiones ecológicas, paisajísticas y económicas. Así, dudan de que esté garantizada la nieve en un "escenario indiscutible de cambio climático", por lo que acometer la infraestructura sería una apuesta de "altísimo riesgo", además de no fijar población.

También alertan de que la telecabina romperá completamente la integridad y singularidad del valor paisajístico del valle de Canal Roya, que está "tan bien conservado".

Del mismo modo, inciden en que la "masificación" de ambientes alpinos incrementará la vulnerabilidad de hábitats de alta montaña, "con efectos irreversibles" tanto en su permanencia, como en la flora y la fauna.

Por todo ello, el manifiesto que han firmado destaca que este proyecto se considera "agresivo ambientalmente y no es sostenible ecológicamente", y que, por tanto, no puede cumplir los requisitos de los fondos Next Generation. Y la financiación comunitaria es crucial para la construcción de la telecabina, puesto que se han asignado 26,4 de los 34 millones del coste, cuya ejecución debe ser una realidad antes de finalizar 2025.

El Gobierno de Aragón niega la mayor, minimiza el impacto ambiental y paisajístico y garantiza que se cumplirá la normativa porque, como es preceptivo, la intervención se someterá a la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental del Inaga. No obstante, el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) de la unión de estaciones incluye un estudio de impacto, que no se ha hecho público, que apunta la compatibilidad de las obras y la conservación del entorno.

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