Ribera veta las grandes líneas eléctricas pero reduce la exigencia ambiental a las empresas
La ministra para la Transición Ecológica rechaza los tendidos para llevar la producción a grandes distancias y, al mismo tiempo, quiere agilizar la tramitación de las renovables.
Una de cal y otra de arena. Los colectivos que hacen frente a la expansión de las plantas de energía renovable han encontrado en el Ministerio de Transición Ecológica un aliado y un rival. Por un lado, el Gobierno central es el principal impulsor de la revolución eólica y fotovoltaica, hasta el punto incluso de eliminar buena parte de las exigencias ambientales para agilizar los procesos. Sin embargo, la ministra Teresa Ribera respaldó el rechazo de estas plataformas a las grandes líneas de evacuación eléctrica, varias proyectadas en Aragón con gran contestación social.
"Las líneas de muy alta tensión, que en el fondo lo que pretenden es evacuar la generación producida a gran distancia, no pueden ser líneas privadas", advirtió Ribera en el Congreso de los Diputados. "El impacto acumulado de esas grandes distancias hace muy difícil que puedan soportar una evaluación ambiental favorable", añadió la ministra, que instó a confiar en las garantías de los procesos y en la valoración de los técnicos de la Administración.
Daba así respuesta a la preocupación de las comarcas afectadas por las líneas de evacuación proyectadas por instalaciones en suelo aragonés que necesitan llevar su producción energética a otras comunidades del entorno.
Sin embargo, el Ministerio se mantiene firme en la decisión de suprimir parte de las exigencias ambientales requeridas a los nuevos proyectos de producción de energía renovable.
En concreto, el Ejecutivo central dio luz verde en enero a la implantación de cualquier proyecto, independientemente de su tamaño y potencia, sin la tradicional evaluación de impacto ambiental. Se trata de una medida temporal, hasta 2024, para acelerar la transición energética ante la crisis por la guerra de Ucrania, y mantiene protegidos los espacios naturales más sensibles y de mayor valor. Pero en el territorio consideran que supone un ataque contra la conservación de la biodiversidad.
