La tramitación de más de 900 proyectos de renovables ahonda la división en el territorio
Las comarcas se movilizan ante el impacto al paisaje, a la biodiversidad y a la ocupación de suelo, mientras los municipios empiezan a limitar la expansión en sus planes generales.
La tramitación de más de 900 parques eólicos y fotovoltaicos, concentrados en unas pocas comarcas de Aragón, ha provocado una potente movilización social en el territorio, especialmente intensa en las zonas turísticas de Teruel. En todos los casos consideran que se pone en peligro dos recursos básicos para su supervivencia, el paisaje y la biodiversidad. La avalancha de proyectos también genera resistencias por la ocupación masiva de suelo, en el caso de las plantas solares y las instalaciones eléctricas de evacuación, las limitaciones que puede comportar para la agricultura y la ganadería y las consecuencias sobre la calidad de vida y la salud.
Un caso paradigmático es el de las Cinco Villas, cuya plataforma denuncia que a los más de 200 aerogeneradores instalados en Sierra del Luna, Luna y Las Pedrosas se pretenden sumar ahora 846 concentrados en la mitad sur de la comarca. "Nos movilizamos para denunciar una atrocidad, porque en seis meses, entre finales de 2021 y principios de 2022, nos llegó un auténtico aluvión. Y todos estos molinos tienen más de 200 metros de altura, con un diámetro de palas de 160 metros, auténticos trituradores de aves", señala el portavoz de la Plataforma en Defensa del Territorio de Cinco Villas, José Alegre.
Como otros afectados, lamenta que la Administración no haya desarrollado un plan de ordenación, justo lo que durante años viene reclamando en sus informes preceptivos y no vinculantes el Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón (COTA). "En el caso de nuestra comarca, se han diseñado tres líneas de evacuación de muy alta tensión que van hasta el País Vasco y Valencia, porque se pretende cubrir las necesidades de electricidad de siete millones de personas", detalla.
A su juicio, tiene que haber un punto medio en el desarrollo. "Tampoco decimos no a las renovables ni que solo se pongan cuatro aerogeneradores, los que harían falta para garantizar las necesidades de los 35.000 habitantes de las Cinco Villas", añade.
La provincia turolense pasará de las actuales 17 plantas eólicas en explotación a cerca de 200 si salen adelante todos los proyectos en trámite. La oposición se ha aglutinado en la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel, que informa a la población, presenta alegaciones a los proyectos más impactantes y realiza movilizaciones llegado el caso. Su portavoz, Javier Oquendo, habla de "usurpación" del territorio para generar energía destinada a "los grandes núcleos de población". A su juicio, ha sido determinante para sensibilizar a la población la tramitación de proyectos en el Maestrazgo, el Matarraña y la Sierra de Albarracín. "De entre las comarcas turísticas, solo se libra Javalambre", dice.
Recuerda que mientras los aerogeneradores se instalaron en la sierra de San Just o en zonas de escaso valor ambiental no provocaron contestación social. Oquendo explica que la proliferación de grandes superficies de placas solares y de aerogeneradores de 200 metros tiene un impacto paisajístico inasumible.
El negativo efecto de las centrales renovables sobre el turismo es también la principal preocupación para Begoña Sierra, gerente de la Asociación de Empresarios Turísticos de la Sierra de Albarracín. Un gran proyecto sobrevuela esta comarca y Sierra recuerda que el turismo comarcal gira en torno "a la naturaleza y si esta desaparece tal como es actualmente, el turismo asociado a ella también lo hará".
Informe del Banco de España
El portavoz de la Plataforma a Favor de los Paisajes advierte de que la generación de empleo directo por las renovables es mínima una vez termina la instalación. En la misma línea, José Alegre destaca un informe del Banco de España que apunta, tras analizar la instalación de renovables en 3.200 municipios, que no ayuda a "asentar población" durante la fase de mantenimiento.
Oquendo apostilla que las centrales eólicas y solares están automatizadas y no frenan la despoblación. Pone como ejemplo Maranchón, una localidad de Guadalajara rodeada de plantas eólicas, que en los últimos 15 años –desde que llegaron los aerogeneradores– ha perdido el 15% de su población, aunque, eso sí, las calles están cuidadas y recién pavimentadas con los ingresos que generan los molinos. Desde que entraron en servicio, en 2006, el censo de este municipio ha caído de 264 habitantes a los actuales 225.
La expansión de la renovables también preocupa al sector primario. El ganadero de vacuno Joaquín Gargallo, de Mosqueruela, explica que durante la construcción de los parques, lo que puede durar dos o tres años, el pastoreo quedará aparcado en grandes extensiones y, una vez entren en servicio, tampoco se podrán aprovechar los pastos en las plantas eólicas durante el invierno por motivos de seguridad.
La llegada de las renovables ha convulsionado la vida local hasta convertirse en el principal motivo de confrontación política. El Ayuntamiento de Mosqueruela decidió recurrir contra las siete plantas previstas en el municipio para que se eliminaran cuatro de ellas y el resto se adecuaran para hacerlas compatibles con los sectores económicos tradicionales. La alcaldesa, Alba Lucea, reconoce que, como representante de la mayoría de la Corporación recurrió los proyectos, pero matiza que, a su juicio, de "forma controlada" eran una "oportunidad" de desarrollo.
Reacción municipal
Algunos ayuntamientos han decidido, no obstante, plantarse frente a los grandes proyectos renovables. Seis municipios del Matarraña –Valjunquera, La Fresneda, Valdeltormo, Ráfales, Fórnoles y La Portellada– y uno del Bajo Aragón –Valdealgorfa– han modificado su planeamiento para impedir plantas solares o eólicas.
Lo mismo han hecho en los últimos meses en Jaca y en Sabiñánigo ante los planes de instalación de varias plantas solares que ocuparían 175 hectáreas, en gran parte, junto a la autovía. Su objetivo es regular la instalación, limitando las instalaciones a autoconsumo hasta una distancia de 700 metros y de ahí a un kilómetro, en "espacio óptimos", sin impacto paisajístico. Y en todo caso, hasta cinco hectáreas, lo que los empresarios llegan a considerar una prohibición encubierta.
También ha tomado medidas el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, que hace un mes y medio sacó adelante otra modificación aislada, que suspende cualquier licencia en suelo no urbanizable especial y genérico y protege zonas especiales como humedales y suelos de regadío no modernizado.
Además, la ley de protección y modernización de la agricultura social y familiar, aprobada hace menos de un mes en las Cortes de Aragón, impide implantar proyectos en zonas en las que la Administración haya iniciado un procedimiento de concentración parcelaria o proyectos de creación o modernización de regadíos, salvo que se trate de plantas destinadas al autoconsumo.
