El COTA pide sin éxito desde 2019 una planificación global para valorar el impacto de la suma de parques
En los 240 informes que ha emitido sobre proyectos solares y eólicos reclama analizar los efectos acumulativos.
El Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón (COTA) ha informado a lo largo de la legislatura de 240 infraestructuras de energía renovable y en todos los casos ha trasladado su "preocupación" por la falta de planificación territorial, ambiental y sectorial. A su juicio, esta situación "dificulta la completa valoración de los efectos acumulativos en las zonas de implantación".
Sus consideraciones se han repetido desde 2019, trasladando la necesidad de conservar los valores paisajísticos, la valoración de las afecciones sobre la fauna o el balance del impacto en la actividad socioeconómica. Igualmente, aludía a la previsión de los desperfectos que van a sufrir las carreteras como consecuencia del aumento de tráfico pesado, por lo que instaba a los promotores a incluir un estudio de tráfico y un plan de reposición de las vías deterioradas.
Este posicionamiento solo supone una parte de los informes territoriales que ha llegado a preparar la Dirección General de Ordenación del Territorio sobre el desarrollo de las renovables, más de 800, pero en todos los casos eran preceptivos y no vinculantes.
Su máximo responsable, José Manuel Salvador, señala que han llegado "hasta donde han podido" y lamenta no haber dispuesto de unas directrices de renovables, como solicitaron las propias Cortes de Aragón a través de una proposición no de ley. Eso sí, apunta que al menos contarán en breve con unas específicas de paisaje para "intentar conservar" los parajes más sobresalientes. "No será retroactiva, pero se podrá aplicar en los planes urbanísticos", añade.
El director general de Ordenación del Territorio señala que su partido, CHA, ha expresado la postura en la Cámara autonómica y no tiene reparos en confesar que le hubiera gustado disponer de "más herramientas" para actuar ante el aluvión de proyectos acumulados en las tres provincias. En la actualidad hay más de 900 en tramitación en las administraciones central y autonómica.
