Las conversaciones con el grupo indio Tata para lograr que instale en Aragón y no en el Reino Unido su nueva fábrica de baterías para automóviles «van bien encaminadas». Así lo aseguran fuentes de la negociación, que se centra estas semanas en los aspectos económicos, el ecosistema empresarial y, algo «muy importante» para la compañía, las garantías de suministro energético renovable. De hecho, el Gobierno central considera que son los aspectos «intangibles» los que decantarán la decisión, ya que confía en cubrir las ayudas exigidas por la multinacional con el Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) y el marco estatal de exenciones fiscales.

Tata, propietaria en Europa de las marcas Jaguar y Land Rover, cuenta en el continente con plantas de ensamblaje de vehículos en Eslovaquia y, precisamente, en el Reino Unido. Ahora, como muchas otras firmas del sector, proyecta abrir una fábrica de baterías que suministre los componentes necesarios para la obligada transición hacia motores limpios. La multinacional se debate entre llevar la nueva factoría a las islas británicas o a Aragón, en concreto, a unos terrenos en el entorno de la localidad zaragozana de Zuera.

En la negociación, las gestiones de la DGA y del Ministerio de Industria están siendo claves para atraer a una compañía que, según publicó hace unos días el diario británico Financial Times, ha pedido más de 500 millones de libras (560 millones de euros) a las autoridades del Reino Unido. La consejera aragonesa Marta Gastón reconoció que esas cifras «se escapan de las posibilidades del Gobierno autonómico» por lo que, dijo, el protagonismo «corresponde» al Ejecutivo central.

Según fuentes del Ministerio que dirige Reyes Maroto, las exigencias económicas tendrán que adecuarse a la segunda convocatoria del Perte VEC, que se lanzará previsiblemente en verano. En el primer proceso se adjudicaron 800 millones, por lo que todavía quedan vivos otros 2.200. No obstante, el de Tata no es el único proyecto de gigafactoría que aspira a lograr financiación para instalarse en España, por lo que no habrá crédito ilimitado. Además, el Gobierno central ofrece, como parte de la negociación, todas las posibilidades que recoge el marco estatal de exenciones fiscales para grandes empresas.

En cualquier caso, desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez defienden que serán otros aspectos, más allá de los económicos, los que inclinen la balanza. Uno de ellos serán los recursos energéticos que tenga a su disposición la compañía. En concreto, Tata busca soluciones de suministro de electricidad de origen renovable, bien mediante plantas de autoconsumo –otras grandes compañías instaladas en la Comunidad siguen este modelo, como Stellantis–, bien a través de algún acuerdo con operadores locales. No se descarta, de hecho, un sistema mixto. En cualquier caso, la posición puntera de Aragón en este sector es uno de los puntos a favor frente a la opción del Reino Unido.

Mobility City como valor

También suma, según destacan desde la Moncloa, que la Comunidad cuenta con un ecosistema empresarial propicio para el desembarco de la compañía. En este sentido, la propia Maroto, que apura sus días en el cargo antes de encabezar la candidatura socialista al Ayuntamiento de Madrid, alabó el trabajo que está haciendo el Clúster de la Automoción de Aragón y su presidente, Benito Tesier. Además, la ministra considera que la reciente inauguración de Mobility City supondrá un extra desde el punto de vista de «reputación».