La construcción del gran complejo asistencial de Valdefierro en Zaragoza, que cuesta 24 millones, queda desierta
El IASS prepara un nuevo concurso para su proyecto estrella que deberá ser de urgencia para cumplir los plazos.
El Departamento de Ciudadanía volverá a sacar a concurso la construcción del complejo asistencial en el zaragozano barrio de Valdefierro, que se levantará en el solar del antiguo centro de menores Buen Pastor, después de que ninguna empresa se haya presentado a la licitación de estas obras por un presupuesto de 24,4 millones de euros. Se trata de la actuación más cuantiosa del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) financiada a cargo de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
El secretario general técnico del Departamento, José Antonio Jiménez, explicó ayer que esta "dificultad" viene dada por la "volatilidad" de los precios, los presupuestos quedan desfasados por las subidas del coste de los materiales, y la coyuntura económica actual. A ello se suma, dijo, el gran volumen de obra que abarca, lo que dificulta que las posibles compañías interesadas "puedan evaluar el riesgo".
Jiménez se refirió a esta situación durante su comparencia en la comisión del ramo de las Cortes de Aragón para informar sobre la gestión de los fondos europeos. Ya se ha iniciado un nuevo procedimiento de licitación, del que solo avanzó que espera que salga "en breve plazo". No obstante, tendrá que plantearse por vía de urgencia. De hecho, dada la envergadura del proyecto que está en juego el pasado 20 de septiembre ya se declaró de urgencia la tramitación del expediente. Además, los plazos van muy ajustados para cumplir los criterios que fija la Unión Europea.
En la parcela, con una superficie de casi 44.000 metros cuadrados, se pretende construir un conjunto de edificios que darán soporte a la atención de personas mayores en el ámbito asistencial y a menores en riesgo de exclusión a través de la estancia en viviendas tuteladas. La residencia para grandes dependientes incluirá un centenar de plazas y se completará la atención con un centro de día
A las 47 viviendas tuteladas para mayores y las 13 para menores se añadirán edificios complementarios para usos culturales y recreativos, como una cafetería-restaurante, otro que albergará varias salas de distinto tamaño y un inmueble polivalente, que se podrá usar como gimnasio, biblioteca, guardería y servicios para jóvenes.
Sobre el grado de ejecución de los 85,3 millones de euros de los fondos de recuperación que gestiona Ciudadanía, Jiménez cifró en un 83% el "compromiso de gasto" en diferentes fases del procedimiento y en un 28% las obras ejecutadas. Unos datos que cuestionó la diputada del Partido Popular, Marian Orós, porque no se corresponden con los de Hacienda.
"Un secretario político"
Las críticas de la diputada popular al secretario general técnico de Ciudadanía, cuya gestión reprobó porque "no tiene ningún sentido" pedir su cese a tres meses de las elecciones, provocaron los momentos más duros y tensos de la comparecencia.
Orós reprochó a Jiménez que es el único secretario general técnico que está investigado por la Fiscalía por su presunta prevaricación pasiva en relación con la licencia para la residencia de Adislaf. "Y debe haber indicios cuando no se ha desestimado esa querella y la Fiscalía lleva varios meses pidiendo documentación e investigando", afirmó.
Además, le acusó de actuar como un "secretario político" y no técnico. Asimismo le afeó que aún no saben qué pasó realmente con los 245.000 euros de las mascarillas ‘fake’ y qué se ha hecho con ellas. También le recriminó otra vez que el 73% del importe de las subvenciones para modernizar residencias de mayores de titularidad de las entidades locales fueron a parar a administraciones socialistas.
Jiménez se defendió en su turno de respuesta. Le corrigió a la bancada popular que todavía no está en "condición de investigado" por la querella de Adislaf y que las polémicas mascarillas están almacenadas y se las pueden dar "en cualquier momento". "Les hubiera gustado un caso como el de la Comunidad de Madrid, pero no ha sido así", concluyó.
