La DGA cierra 49 residencias de mayores en los últimos ocho años por deficiencias
Tras el incendio del centro de Santa Fe de Cuarte de Huerva, ocurrido en julio de 2015, en el que murieron nueve personas, se intensificaron las inspecciones.
El incendio de la residencia de mayores de Santa Fe de Cuarte de Huerva, ocurrido en julio de 2015, en el que murieron nueve personas marcó un antes y un después. A partir de este drama se impulsaron las inspecciones de este tipo de centros asistenciales con el objetivo de incrementar las medidas de seguridad en caso de situaciones de riesgo y comenzó un goteo de cierres que llega hasta nuestros días.
El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales de la DGA ha clausurado en los últimos años ocho años 49 residencias, principalmente por deficiencias en las instalaciones, y en estos momentos hay dos expedientes sancionadores en tramitación con propuesta de cierre para ambos negocios. En 2015, unos meses después de la tragedia, cerraron sus puertas seis centros de ancianos, a los que siguieron siete en 2016, otros seis en 2017, tres en 2018, seis en 2019 y dos en 2020 para alcanzar un récord de 13 negocios clausurados en 2021 y seis el año pasado, de acuerdo con el balance facilitado por el Departamento de Ciudadanía.
Llama la atención que en 2021, coincidiendo con los meses más duros de la pandemia, se dispararan las clausuras de este tipo de servicios. Para el portavoz en Aragón de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, Gustavo García, este repunte, que se produce tras la caída de 2020, puede responder a que con los numerosos brotes y contagios sufridos en estos centros afloraron más situaciones irregulares que se denunciaron. Tampoco descarta que "para algunas residencias que se encontraban al límite la covid supusiera un mazazo y no pudieran regularizarse y adaptarse a la normativa".
La desaparición de estas 40 residencias de mayores ha supuesto la supresión de 1.058 plazas. Aunque, añaden desde la DGA, durante el mismo periodo se han abierto otros establecimientos que cumplían con todos los requisitos. La competencia de inspección y la posible clausura de los establecimientos privados recae en la Secretaría General Técnica del Departamento de Ciudadanía del Gobierno de Aragón.
Los motivos de los cierres son variados, bien por no disponer de autorización para su funcionamiento, bien por no acometer los requerimientos del servicio de ordenación. Así, por ejemplo, en 2017 se clausuraron instalaciones que carecían de planes de prevención de incendios y no tenían vías de evacuación. La práctica totalidad de estas ‘suspensiones’, señalan fuentes del Ejecutivo, han sido llevadas a cabo por las empresas que gestionaban las residencias, en su mayoría de pequeño tamaño, "al no poder asumir los requisitos exigidos por el servicio de inspección".
"Es una labor muy necesaria"
Desde 2015, la plantilla de profesionales asignados a la inspección de centros de servicios sociales ha aumentado de seis a nueve. Además del balance del plan de inspección, fuentes del Departamento de Ciudadanía destacaron el "esfuerzo" que han hecho la "inmensa mayoría" de las residencias de mayores privadas durante la pandemia y "para adaptar sus instalaciones al nuevo modelo de cuidados centrados en la persona".
La gerente de la Asociación Aragonesa para la Dependencia (Arade), Paquita Morata, considera que esta labor inspectora es "muy necesaria" para garantizar y mejorar la calidad asistencial. Destaca que las empresas del sector son las "primeras interesadas" en que se trabaje este tema "con rigor y transparencia". De hecho, considera que han bajado la persiana algunos centros "que acumulaban denuncias y no cumplían unos mínimos". Además, señala que los técnicos de Ciudadanía actúan conjuntamente con los de Consumo, Salud Pública e Inspección Farmacéutica.
