"De ser un sueño a convertirse en una pesadilla". La zaragozana Rocío Cedrés, de 23 años, lamenta que el programa Primera Experiencia Laboral, impulsado por el SEPE y financiado por la Unión Europea, no esté resultando ser lo que ella esperaba. 

Las becas,  forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que aprobó el Gobierno de España para paliar los efectos tras la pandemia, están estancado para decenas de jóvenes que iban a empezar a trabajar en Instituciones Penitenciarias y todos ellos esperan cada día desde hace varios meses una llamada para comenzar en el puesto de trabajo que le concedieron. 

"Llevamos esperando más de 8 meses. A principio de julio, tuvimos que mandar casi de inmediato varios documentos ya firmados; la declaración jurada, el título del grado y hasta un reconocimiento médico. Nos dijeron que en septiembre estaba prevista nuestra entrada al puesto de trabajo. Sin embargo, todavía seguimos esperando una respuesta", lamenta la joven, que asegura haber rechazado hasta tres ofertas de trabajo ya que una de las condiciones era estar registrado como demandante de empleo. 

Cedrés renunció a esas propuestas de empleo ya que la oportunidad del programa era "única", debido a que "se consiguen puntos de cara a opositar y el sueldo era alto, 2.675,74 euros brutos al mes", tal y como aparece en la oferta del Inaem y en el BOA (Boletín Oficial de Aragón) para los contratados en el grupo de cotización de la Seguridad Social 4 a 1. A la joven zaragozana le concedieron en el verano del 2022 la plaza de trabajadora social en la cárcel de Zuera durante 12 meses gracias al programa. 

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A principio de enero de este año, continúa, "se nos llamó desde nuestras oficinas de empleo para comunicarnos que ya disponían de nuestro contrato para que firmáramos. Para sorpresa de todos, en esa misma llamada nos comunican que se había  modificado el sueldo que habían publicado en el anuncio". "Nos dicen que ese sueldo era un error y nos mandan un documento con la corrección  y la nómina que aparece es bastante inferior, 1.697 euros brutos al mes", critica

"Una vez firmado el contrato nos dicen que en febrero empezaremos a trabajar. Sin embargo, continuamos sin recibir noticias de este programa", relata la joven.  

Instituciones Penitenciarios ha asegurado a HERALDO que la gestión administrativa, "que depende de varias administraciones ajenas", "es compleja" y "está pendiente de resolución". "No se sabe cuándo se va a resolver y tampoco sabemos si está sucediendo lo mismo en otros puestos donde está en marcha el programa", han asegurado.

"Tras las sucesivas llamadas para obtener información sobre este programa", explica la zaragozana, "se nos ha comunicado desde el personal laboral de Madrid que no existen fondos para cubrir los salarios de estos puestos". "Sin embargo los presupuestos se hicieron públicos, por lo que no entendemos dónde está ese dinero y qué problemas está habiendo para tramitar nuestros contratos", denuncia la Cedrés. 

Tras meses de "calvario", la joven asegura estar "muy afectada económicamente y psicológicamente".  "Llevo 8 meses en los que he estado pendiente de recibir una llamada casi las 24 horas del día, pendiente de recibir algún tipo de noticia y todo esto sin poder ejercer una actividad laboral", señala. Cedrés presentó una queja ante el Justicia de Aragón y éste lo ha derivado al Defensor del Pueblo, tal y como ha comprobado este diario. Cedrés está poniéndose en contacto con afectados de otros puntos del país para poder "protestar juntos". "Me han dicho que somos muchos los que estamos en la misma situación", ha comentado.

En Aragón, 159 jóvenes cualificados participan en este programa en diferentes instituciones públicas. Irene Bernal es otra de las afectadas por este bloqueo. "En mi caso el puesto al que iba a optar es el de trabajadora social en el Centro Penitenciario de Teruel. Esta oportunidad para mi significaba muchas cosas, entre otras la de poder mudarme e independizarme puesto que iba a estar trabajando e iba a cobrar un sueldo bastante jugoso", asegura la joven de 25 años formada en la Universidad de Zaragoza. 

"Todo este tiempo he estado yendo y viniendo en trenes a Teruel a mirar pisos, me he comprado cosas para mi nuevo 'hogar', pero a día 10 de enero nos llega el contrato para firmar y nos enteramos de que el sueldo ya no es tan jugoso, por lo que ya no me podía independizar yo sola", subraya.

A pesar de todo, la zaragozana seguía con ilusión ya que, a priori, le quedaban pocos días para comenzar a trabajar. "He estado mirando habitaciones, e incluso dejé la fianza para un piso compartido puesto que era en este mes de febrero cuando deberíamos empezar a trabajar. Sin embargo ahora nos dicen desde Madrid que no hay dinero para hacer efectivos los contratos que ya tenemos firmados".

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La joven asegura que está pasando por un momento "complicado". "He rechazado ofertas de trabajo con la seguridad de que esto era una oportunidad única en la vida. Otros de nuestros compañeros y compañeras incluso han dejado los trabajos que ya tenían bajo la promesa de una mejor oportunidad laboral", explica. 

"Hace meses que dejé una academia en la que estaba estudiando para unas oposiciones, puesto que como en septiembre iba a estar trabajando ya no podía seguir asistiendo a las clases", añade.

Esperar sin saber cuándo van a obtener respuesta no está siendo tarea fácil para estas jóvenes. "Día tras día desde hace 8 meses me despierto esperando una llamada que nunca llega, me despierto todos los días con la preocupación de que va a pasar, que va a pasar si después de todo este tiempo de tanto esfuerzo invertido no sale adelante el proyecto. Todo esto a mi personalmente me genera una ansiedad generalizada que no desaparece, esto se me está somatizando y estoy teniendo diversos problemas que ya no son sólo psicológicos sino que también son físicos. Es horrible la sensación de saber que tu futuro pende de un hilo y no poder hacer nada, solo esperar y esperar", concluye Bernal.