El Clúster de la Energía critica que Sabiñánigo bloquee plantas solares
Señala que la modificación del Plan General en tramitación supone una "prohibición encubierta" que limitará a su industria ahorrarse 14 millones al año en luz.
El Clúster de la Energía de Aragón (Clenar) ha cuestionado este miércoles que el Ayuntamiento de Sabiñánigo impulse una modificación del Plan General de Ordenación urbana (PGOU) que implica una "prohibición encubierta" a la implantación de plantas solares fotovoltaicas. Y advirtió en base a un estudio de que solo con los proyectos impulsados por dos de los asociados, Atalaya y Enerland, se podría cubrir casi un tercio del consumo del municipio, con la consiguiente reducción de costes.
El presidente de Clenar y fundador de Atalaya, Pedro Machín, ha indicado que la industria electrointensiva instalada en el municipio podría ahorrarse unos 14 millones en la factura. "Es un municipio industrial, sería una factor de competitividad y las empresas dispondrían de dinero para inversiones y generar empleo", dice.
El informe incide en que los parques fotovoltaicos se reparten al norte y al sur de la autovía, ocupando 175 hectáreas, menos de un 0,3% de la superficie del término municipal.
El problema reside en que la moratoria vigente y la modificación del PGOU en tramitación prohíbe de facto construir plantas al vetar cualquier instalación a 500 metros a ambos lados de la autovía y limitar su instalación a zonas inviables para este uso. En el informe se incide en que la topografía «no es adecuada», con orientaciones norte y pendientes «inadmisibles», además de englobar ámbitos protegidos.
Desde Enerland añaden que hay "graves errores" en la tramitación municipal de la modificación del Plan General. Y ponen de ejemplo el hecho de que la aprobación inicial no se comunicara con carácter previo al Inaga, tal y como establece la Ley de Urbanística de Aragón (LUA).
Las limitaciones afectan igualmente a la empresa madrileña Sunco, cuyos proyectos suman 159 megavatios y ocuparían 300 hectáreas de Sabiñánigo y Jaca. En su caso, las infraestructuras comunes están en Sabiñánigo, donde invertiría un tercio de los 120 millones previstos, por lo que la viabilidad de la actuación en su conjunto estaría en peligro.
