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La alcaldesa de San Lorenzo del Escorial declara sobre la exhumación del Valle de los Caídos
Está denunciada por prevaricación administrativa tras haber negado la licencia para entrar en la basílica y sacar los restos de los hermanos aragoneses Manuel y Antonio Lapeña Alatabás, fusilados en 1936.
La alcaldesa de San Lorenzo del Escorial, Carlota López Esteban, prestará declaración el próximo miércoles en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de la localidad madrileña sobre un supuesto delito de prevaricación administrativa por la dilación de la exhumación de los restos de los hermanos aragoneses Manuel y Antonio Lapeña Altabás. Ambos fueron fusilados en 1936 poco después de empezar la Guerra Civil en Villarroya de la Sierra y trasladaron sus restos en 1954 desde el cementerio de Calatayud al Valle de los Caídos (ahora denominado valle de Cuelgamuros).
La actuación de la alcaldesa del PP que se investiga es su negativa a conceder, en junio de 2022, la licencia de obra para la rehabilitación de accesos a las criptas de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos otorgada por el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. Fue denunciada por las víctimas del Valle de Cuelgamuros, quienes en marzo de 2016 obtuvieron un auto judicial que reconocía el derecho a una digna sepultura y todavía no se ha cumplido.
Esta decisión de la alcaldesa se produjo un año después de que la Junta de Gobierno Local, tras recabar los informes preceptivos, acordara conceder la licencia de obra para la exhumación de los restos en el interior del valle y recuperar a los olvidados aragoneses. En noviembre de 2021 el Juzgado contencioso-administrativo nº 10 de Madrid, suspendía dicha licencia, pero el Tribunal superior de Justicia de Madrid revocó dicho auto y ratificó la legalidad de la exhumación.
De hecho, reactivar la licencia municipal es la única opción de cumplir la resolución judicial, así como el mandato administrativo de Patrimonio Nacional. Pero su negativa, como decidió la alcaldesa, “supone un abuso contra la reparación de las víctimas, además de una discriminación respecto de la licencia de obra menor anterior”, según los denunciantes. Asimismo, el abogado de la acusación, Eduardo Ranz, recuerda que esta decisión se dictó en el mismo lugar donde se produjo la la exhumación del dictador Francisco Franco en el año 2019 y “la finalidad del presente proceso, no es la de inhabilitar al político, sino cerrar una herida”.
Un equipo de forenses, antropólogos y ayudantes que llevan la investigación y preparan la exhumación de 118 víctimas dela Guerra Civil en el Valle de los Caídos señalaron en un informe que existe una “alta probabilidad” de que los restos cadavéricos de los hermanos Lapeña Altabás se encuentren en el cementerio del Valle de los Caídos y, por eso, “procede la realización de las actuaciones pertinentes en el citado cementerio a los efectos de que se trasladen los restos cadavéricos a María Purificación Lapeña Garrido” (su nieta, que lleva más de seis años esperando el cumplimiento de la decisión del juez de San Lorenzo del Escorial).
