Los expropiados de Plaza alegan que cobrarán 656.986 euros y Wilcox ganará 18,3 millones

Los dueños del 40% de la ampliación de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza 4.0) han dado un paso más en su oposición frontal a la expropiación de sus terrenos, imprescindible para que la inmobiliaria Wilcox pueda comercializar parcelas gigantes frente al campo de golf La Peñaza. Los afectados alegan que van a percibir como indemnización 656.986 euros y la promotora, solo con sus suelos, podrá ganar un mínimo de 18,3 millones al precio rebajado que ha pactado con la DGA para la adquisición de un futuro solar. Es más, denuncian que se les pretende abonar menos de un euro por metro cuadrado cuando hace dos décadas, cuando se impulsó Plaza, ya se pagó diez veces más a los afectados.

Tanto los herederos de Acampo Costa como de la familia Gracia han presentado sendos escritos de oposición a la Consejería de Economía en los que niegan que haya interés general en la ampliación. Para ello, aducen que la beneficiaria de la expropiación no es la Administración sino una inmobiliaria privada que, además, carece de experiencia en la promoción logística.

Esta situación les ha llevado a reclamar al Ejecutivo aragonés la nulidad de pleno derecho del procedimiento por tasación conjunta. Como informó este diario, Wilcox impulsa a través de Cipsa Norte la expropiación para hacerse con la propiedad de tres fincas de terceros incluidas en el ámbito de la actuación. Para ello, solicitó a la DGA la declaración de utilidad pública e interés social, que se ha reconocido con la reciente aprobación inicial del Plan de Interés General de Aragón (PIGA).

Las dos familias propietarias de 96 de las 242 hectáreas incluidas en el proyecto están pendientes del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), ante el que presentaron hace nueve meses sendos recursos para reclamar tanto la nulidad del convenio urbanístico que recoge la recalificación del suelo como la declaración de interés autonómico adoptada por la DGA para facilitar la expropiación y acelerar todos los trámites administrativos.

En su nueva impugnación, entiende que se han "atropellado" sus derechos por una "artificial construcción formal" al amparo de la Ley Urbanística para amparar lo que tildan de "claro fraude de ley": la especificidad de la causa expropiandi. Dicho con otras palabras de las propias alegaciones, la resolución es "arbitraria e injusta, dictada a sabiendas".

En su argumentación, destacan que se ignora con conocimiento que en el PIGA no hay ninguna reserva de terrenos para la constitución o ampliación de patrimonios públicos de suelo más allá de la cesión obligatoria, por lo que incumple la finalidad legalmente prevista.

Igualmente, denuncian la reducción del plazo legal de un mes para alegar a únicamente 16 días naturales en plenas Navidades.

Del mismo modo, lamentan que se ha incumplido el procedimiento exigido en la Ley de Capitalidad, que establece que el Ayuntamiento debe ser informado previamente a la declaración formal del interés general. En este sentido, destacan que ese informe previo en materia de ordenación del territorio no figura en ningún expediente administrativo.

Y especialmente aluden a que el PIGA se aprobó inicialmente el pasado 2 de diciembre, por lo que no cabe la declaración implícita de la utilidad pública o el interés social de la expropiación con ese trámite. De la misma forma, sostienen que no consta ninguna razón para la declaración de urgencia.

En su impugnación también alegan que no hay una previsión del impacto territorial en los instrumentos de planeamiento de los dos términos municipales afectados, La Muela y de Zaragoza, ni tampoco para la gestión del proyecto.

Y una vez más, recuerdan que se les ha impedido, a su parecer de forma ilegal, la posibilidad de participar en la gestión del ámbito a pesar de que sin sus fincas no se podrían comercializar grandes parcelas de suelo, que es lo que demanda el mercado logístico.