Más de la mitad del dinero que gestionará el Gobierno de Aragón el próximo año irá a parar a Sanidad, Educación y Servicios Sociales. En concreto, el denominado gasto social acaparará el 56,3% de las cuentas recientemente aprobadas, una cifra que, pese a lo abultada que pueda parecer, es de las más bajas del país. Tan solo dos comunidades autónomas –Baleares y Navarra– dedicarán menos presupuesto en 2023 a estos apartados. Así se desprende de un informe comparativo elaborado por el Ministerio de Hacienda, que también refleja cómo el esfuerzo inversor previsto por la DGA, con un incremento del 35,5%, no será suficiente para escalar hasta la zona noble de la clasificación.

El análisis que acaba de publicar el Ministerio permite poner frente al espejo las cuentas elaboradas por cada comunidad autónoma. En esta ocasión, la comparativa deja fuera las de Madrid y Cataluña, con la negociación bloqueada, y además introduce diferentes ajustes para garantizar la homogeneidad de los resultados entre los territorios. De esta forma, se constata que de los quince proyectos evaluados, Aragón es el decimotercero en cuanto a gasto social.

Sanidad, con casi 2.600 millones de euros, es el área que más recursos exige. El cuatripartito ha aumentado un 13,6% esta partida con 300 millones más respecto a 2022, entre los que se encuentran los que permitirán culminar las obras en los hospitales de Teruel y Alcañiz. Con este incremento, el mayor del país, el Pignatelli consigue ubicar el gasto sanitario en el séptimo puesto de la clasificación nacional al destinar el 32,5% del total del presupuesto.

En cambio, Educación y Servicios Sociales salen peor parados. En materia educativa, la Comunidad destina el 17,64% de sus recursos. Es la tercera que menos gasta en este apartado, pese a que aumenta su dotación respecto a 2022, y se sitúa muy lejos de territorios como el País Vasco o Andalucía, que superan el 23%, según refleja el Ministerio en sus tablas. La mayor parte de los recursos irán a personal (828 millones), pero también habrá partidas para la ampliación de 12 centros formativos y al inicio de los trámites para el instituto de Monzón.

En cuanto a la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales, prevé 81 millones en prestaciones para dependientes y 126 más para financiar plazas en residencias propias y concertadas, entre otras actuaciones. Sin embargo, sus partidas apenas representan el 6,2% del total presupuesto, la penúltima cifra más baja del país, solo por encima del 4,69% que dedica Baleares.

En conjunto, el gasto social de Aragón se queda en el 56,3%, en el puesto 13 sobre 15 de una clasificación que lideran Castilla y León, con el 65,48% de los recursos disponibles, y Andalucía, con el 63,3%.

Casi 2.700 millones en nóminas

Mejor parada sale Aragón en la comparativa de otros apartados. El gasto de personal, como es habitual, acapara buena parte de los recursos de todos los territorios analizados. El próximo año, la DGA destinará a pagar las nóminas de los empleados públicos 2.686 millones de euros, 181 millones más que en 2022. La cuantía supone el 34,4% del presupuesto, la octava cifra más alta del país. En Baleares apenas destinan el 27,7% del dinero disponbible, la que menos, mientras que Murcia, la que más, alcanza el 38,3%.

También se aprecian notables diferencias en el apartado de inversiones. Los capítulos 6 y 7 de todos los presupuestos autonómicos crecen, y no poco, impulsados por los fondos europeos. El que más los incrementa es el gobierno andaluz, con un 83,2% más, mientras que el Ejecutivo de Javier Lambán eleva las partidas para obras un 35,8%, la cuarta que más crece.

En el caso aragonés, la inversión supera por poco la barrera de los 1.000 millones de euros gracias a los fondos que se derivan del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (441 millones), y del programa del React-EU (62 millones). Con estos datos, Aragón destinará el 13% de sus recursos a obras, mientras que Galicia alcanza el 19,4%. De hecho, solo cuatro autonomías dedicarán menos que la DGA.